Política

Los incumplimientos hacen replantearse a C’s la ley de Atención Temprana

La diputada Marta Bosquet, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz
La diputada Marta Bosquet, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluzlarazon

Los cuatro partidos de la oposición designan a sus representantes del grupo redactor para registrar de nuevo la propuesta en otoño y que se evidencien las carencias del decreto del Gobierno andaluz

Ciudadanos endurece por momentos su posición en el Parlamento andaluz. El partido que lidera Juan Marín en Andalucía, acusado en multitud de casos de ser la muleta del PSOE, iniciará el nuevo curso con renovadas intenciones. Sin renunciar a esa política de «consenso» y «sensatez», conceptos interpretados a su propio estilo, apretará al Gobierno andaluz en cuestiones que considera claves para la ciudadanía en general.

Ya es conocido que exigirá en la negociación de los Presupuestos una bajada de medio punto en el tramo autonómico del IRPF y ahora la formación naranja admite que se replantea apoyar una Proposición de Ley de Atención Temprana, a la que se opuso en febrero, y que habría permitido que por primera vez la oposición legislase frente al Gobierno en la comunidad. El proceso se volverá a repetir este otoño ante las promesas incumplidas del Gobierno andaluz. Y la posición final de Ciudadanos resulta clave para un colectivo vulnerable y cada días más numeroso, pues por ejemplo uno de cada cien recién nacidos desarrolla autismo.

La plataforma de familias de menores afectados por algún trastorno, a través de su portavoz, Antonio Guerrero, ha confirmado a este diario que la propuesta de ley será registrada sólo si cuenta con el respaldo suficiente y lo harán todos los grupos que estén de acuerdo. Al de Podemos, Partido Popular e Izquierda Unida se ha de sumar el de C’s, desde donde aseguran de forma oficial que «cuando haya una propuesta encima de la mesa se estudiará y después se tomará una decisión». No obstante, en privado y ante las familias, la respuesta de la parlamentaria Marta Bosquet es contundente. «Me lo ha dicho con estas palabras: ‘No me lo preguntes más. Voy a estar en el grupo redactor de la ley’», asegura Guerrero que ya le ha transmitido.

Como se recordará, allá por febrero, los cuatro grupos, PP, Podemos, IU y Ciudadanos, habían acordado respaldar una Proposición de Ley de la Plataforma de Atención Temprana registrada por el partido de Pablo Iglesias. Una intervención directa de Susana Díaz hizo que C’s cambiase in extremis el sentido del voto y respaldase un decreto de mejoras en el servicio ofrecido a los niños de cero a seis años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos. Aquello fue entendido como una traición del partido naranja a las más de 20.000 familias afectadas, por mucho que la diputada Bosquet vendiese las bondades de un acuerdo sellado «de mujer a mujer» en apenas tres horas de reunión en San Telmo.

Negar los avances que aporta el decreto sería mentir, pero la realidad demuestra que el esfuerzo resulta insuficiente. Multiplicar el presupuesto por tres en lo que resta de mandato –de 11 a 33 millones–, acabar con las listas de espera, ofrecer más horas de atención para los menores o limitar a un máximo de 30 días el tiempo en ser derivado al Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) eran algunas de esas promesas. La propia Marta Bosquet dijo que esperaba que el PSOE «cumpliera con su palabra» y no descartó ya entonces una ley consensuada si la Atención Temprana no mejoraba en otoño, algo que va camino de confirmarse.

Desde la Plataforma de Atención Temprana, su portavoz, Antonio Guerrero, entiende que «se han incumplido todas las promesas y compromisos parlamentarios» hasta el punto de considerar una «burla» a las familias la «gestión de los plazos, la imposición de trabas, la creación de entes innecesarios o la imposición de altas injustificadas contra las necesidades de nuestros pequeños».

Cada día perdido en un menor con trastorno es un pequeño drama. La anunciada reducción de las listas de espera, donde figuran oficialmente más 2.000 menores, debería arrancar en septiembre, según repitió el consejero de Salud, Aquilino Alonso. Pero para ello primero han de constituirse las nuevas Unidades de Atención Infantil Temprana, cuya fecha tope inicial era el 30 de octubre, como se estipula el Decreto publicado en el BOJA. La Junta plantea ahora a través de una Orden que entren en funcionamiento en mayo de 2017.

C’s y PSOE vendieron que los niños con grados severos tendrían una atención ilimitada. Pero posteriormente la Junta admitió que no tiene medios suficientes. La media del número de sesiones de intervención mensual es de ocho, pero la disponibilidad presupuestaria las reduce a cinco. «Y del mismo modo se pone en entredicho la universalidad del servicio, pues los menores que tienen Muface, Isfas u otras coberturas, siguen sin ser atendidos, como tampoco se incluyen cláusulas sociales en los contratos de gestión de servicios como requisito para su adjudicación», añade.

Por todo esto, la Ley de Atención Temprana será presentada en el próximo otoño y todos los grupos parlamentarios han designado representante en el grupo redactor; todos excepto PSOE, al que se le ha invitado y por ahora no ha dado respuesta. Una posición similar a la adoptada respecto al grupo de trabajo creado para articular una ley de inclusión educativa de consenso y que permita «cambiar España de sur a norte» en esta materia.