Luz verde a la Zona Franca de Sevilla con los recelos de Cádiz

La Zona Franca de Sevilla recibió ayer el placet del Ministerio de Hacienda, pero también las críticas del PSOE –y hace varios días del PP–, a cuenta de la «competencia» que ahora se generaría con otros recintos cercanos como el de Cádiz. El alcalde sevillano, Juan Ignacio Zoido –tras recibir la orden ministerial de manos del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro– es consciente de los recelos que ha levantado la iniciativa, por lo que aseguró que «tendrá un efecto multiplicador de los esfuerzos del resto de provincias».

Las previsiones, no obstante, son más que optimistas: más de mil millones de facturación y 1.700.000 toneladas transportadas al año en una extensión de 72 hectáreas situadas en el Puerto de Sevilla, donde las empresas que se instalen allí gozarán de ventajas fiscales y aduaneras. Antes de que acabe el año estará en funcionamiento, según las previsiones del Ayuntamiento. «Hay que dejar los complejos y poner alfombra roja de modo simbólico a todos aquellos que quieren crear empleo», dijo Zoido, por lo que la Zona Franca permitirá que la capital hispalense sea «más competitiva». De su lado, Montoro subrayó que la iniciativa «contribuye al crecimiento de Sevilla, Andalucía y España» y supone integrar a la ciudad en la red de transportes intraeuropeos, un conglomerado «fundamental en términos logísticos». «Sevilla lo necesitaba, pero sobre todo se lo merecía», dijo el ministro, que concurrió a las elecciones generales como cabeza de lista del PP por Sevilla.

El proyecto no está exento de polémica. A las críticas de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y las del presidente de la Diputación, José Loaiza, se sumaron ayer las de la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien alertó de que la iniciativa «le va a dar la puntilla a la provincia gaditana». García llegó a calificar la Zona Franca sevillana como una «agresión y un ataque sin precedentes hacia Cádiz». La Junta, de su lado, lamentó que no ha sido informada sobre el proyecto. El consejero de Economía, Antonio Ávila, reconoció que su departamento «no ha tenido la posibilidad de contar con ningún informe económico».