Solidaridad nacional del taxi

La huelga de los taxistas que ha colapsado la ciudad de Barcelona durante varios días en protesta por las licencias VTC otorgadas por la administración permite un análisis muy interesante al margen de su conflicto nuclear.

En primer lugar se trata de una huelga promovida a pie de obra o, en este caso, de calle. Es, por tanto, una protesta no promovida por la clase dirigente de los sindicatos institucionales del tipo de las convocatorias anuales del 1 de mayo o de las que suelen convocarse cuando hay gobiernos de centro derecha. Precisamente por eso y habiéndose originado en Barcelona con la adhesión posterior de Madrid, no había ni una sola bandera independentista orlando las protestas. Como se ve, ha sido una situación muy diferente de la actitud mostrada por las cúpulas sindicales en Cataluña alineadas mayoritariamente con los promotores del golpe de Estado. Las cúpulas están siempre en la órbita de la oligarquía dominante. Lo recordó el Catedrático de Historia Medieval Rafael Sánchez Saus y también la historiadora malagueña Elvira Roca; «Lo que sucede en Cataluña es (...) una rebelión de oligarcas».

Corolario de lo anterior es que tanto las consignas de los manifestantes como las declaraciones de sus portavoces se han hecho en castellano algo que, si bien en Barcelona sigue siendo lo habitual, en Cataluña va convertirse en un acto de frescura rebeldía. Se ha tardado demasiado tiempo en ver que la legislación pro inmersión lingüística no era más que una parte de la agenda independentista respaldada por los gobiernos del PP y PSOE y financiada con el dinero de todos los españoles.

Un tercer aspecto no menor ha sido la rápida respuesta del sector del taxi en Madrid alineándose con las demandas de sus compañeros barceloneses y la asistencia a las concentraciones de estos últimos de taxis llegados de muchas ciudades del resto de España, Andalucía incluida.

Aún hay otra arista del conflicto que no puede pasarse por alto. Me refiero a la invocación de la intervención de la Administración del Estado tanto de los manifestantes como de la alcaldesa de Barcelona –siempre obsequiosa con el separatismo y esquiva al respeto a la unidad nacional–. Los taxistas buscan una regulación homogénea para el conjunto de España del número de licencias VTC (del tipo de las concedidas a empresas como Uber o Cabify) y por ello apelan a la intervención de la Administración General del Estado.

A diferencia de lo que ocurre en el resto de los países, en España las reivindicaciones laborales no se reconocen en la bandera nacional. Paradójicamente sí lo hacen en la bandera republicana y en las regionales. Quizá el ejemplo más notorio de esa falta de identificación que el sindicalismo español tiene para con la bandera de todos fue la última marcha de los mineros astur leoneses a Madrid para garantizar que el carbón nacional mantuviese un régimen especial de primas. La estética de la marcha se diseñó de forma que a las pancartas con las consignas mineras sólo las acompañaban banderas asturianas y de la provincia de León. Hasta tal punto fue así que llegados a Madrid, un grupo de mineros intentó agredir a unos falangistas que les daban la bienvenida con una gran bandera de España. De no ser por la decisión con la que actuaron estos últimos la llegada a Madrid hubiera añadido una nota a lo luna de sangre pero sin metáfora.

Se podrá estar de acuerdo o no con las reivindicaciones de los taxistas pero de lo que no cabe duda es de que invocan es una protección del Estado como lo hicieron años atrás los mineros. Una protección que unos y otros solicitan del gobierno de la Nación. Una protección que se ha hecho en la lengua que no sólo nos permite entendernos entre los cerca de cuarenta y siete millones de españoles sino entre los más de setecientos millones de hispanoparlantes.