Política

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UGT defiende que los 542 millones acordados con la Junta los gestiona la Administración

El sindicato rechaza que «la concertación social haya sido la fórmula para mantener la paz social»

Susana Díaz (c) firmó el Acuerdo por la Calidad y Estabilidad del Empleo con CCOO (d), UGT (i) y la CEA (2d) el año pasado / Foto: Manuel Olmedo
Susana Díaz (c) firmó el Acuerdo por la Calidad y Estabilidad del Empleo con CCOO (d), UGT (i) y la CEA (2d) el año pasado / Foto: Manuel Olmedolarazon

El sindicato rechaza que «la concertación social haya sido la fórmula para mantener la paz social»

UGT defiende que los 542 millones firmados en convenio con UGT y CC OO y comprometidos entre 2018 y 2019 por el anterior Gobierno socialista, del que informó ayer LA RAZÓN, son gestionados por la propia Administración. El sindicato asegura que la cuantía «no se ha comprometido para las organizaciones sindicales».

«Dicha cuantía ni se traslada, ni se destina, ni se compromete para ambas organizaciones» sino que «constituye el presupuesto destinado para todas las medidas descritas en el apartado 4 del Acuerdo por la Calidad y Estabilidad en el Empleo y de Apoyo a la Negociación Colectiva». El documento «recoge medidas acordadas entre la administración, la representación de los empresarios y las organizaciones sindicales», argumentó el sindicato.

El Gobierno socialista deja en herencia un convenio entre la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y CC OO y UGT en el marco de la concertación social. El Acuerdo por la Calidad y Estabilidad en el Empleo y de Apoyo a la Negociación Colectiva en Andalucía, según comprobó LA RAZÓN, compromete un total de 542 millones de euros desde la firma con los sindicatos en julio de 2018 hasta diciembre de 2019. El sindicato también rechazó que «la concertación social haya sido la fórmula para mantener la llamada “paz social”», aludiendo al «nivel de combatividad que se ha mantenido en estos años por parte de esta organización sindical en conflictos de gran calado para esta comunidad autónoma». UGT señaló que el informe de la Cámara de Cuentas que ponía en cuestión el destino de 800 millones entre 2009 y 2010 en relación a las partidas finalistas para la formación «nunca ha hecho referencia a los acuerdos de concertación social».

El desglose de las cantidades comprometidas desde 2018 hasta 2019 se reparte entre diferentes medidas. Para «la adecuación de las políticas activas de empleo para la mejora de la empleabilidad y adaptación a las necesidades del mercado laboral», 159 millones de euros. Para el «fortalecimiento del Servicio Andaluz de Empleo y mejora de la calidad del servicio público», seis millones. Para el «desarrollo de un Plan de apoyo que refuerce la negociación colectiva (2018-2021)», 1,1 millones. Para la «aprobación e impulso de medidas de fomento del empleo estable y de calidad, que favorezcan la reducción de las tasas de desempleo», otros 339 más. Para «desarrollar un sistema de detección de enfermedades profesionales y su declaración en Andalucía», 300.000 euros. A «realizar un análisis periódico de la siniestralidad laboral», 12.000 euros. A la «puesta en marcha de una campaña de sensibilización en seguridad y prevención laboral, para contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y sensibilizar sobre la cultura preventiva en la sociedad andaluza», 600.000 euros. El «nuevo modelo formativo en atención a las demandas del tejido productivo, así como instar al Gobierno central a que reforme el actual marco normativo de Formación Profesional» conlleva 35 millones. Finalmente, para «reforzar el diálogo y la concertación social para acordar medidas que generen empleo estable y de calidad», 945.483 euros.