El Gobierno Herrera refuerza su apoyo a las familias con mayores dificultades

El Gobierno Herrera vuelve a reforzar su apoyo a los colectivos más vulnerables y más necesitados de la Comunidad. La Junta aprobaba en el Consejo de ayer, el Proyecto de Ley de Ordenación y funcionamiento de la Red de Protección, que ahora viajará a las Cortes regionales para su posterior tramitación. Una Red que pretende atender a lo largo del presente año a más de 200.000 castellanos y leoneses, con un Presupuesto que asciende a 206,7 millones.

Y entre las medidas más novedosas, cuatro prestaciones se convertirán en derechos subjetivos como son el Servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria; el servicio de provisión inmediata de alimentación en un plazo inferior a las 24 horas; la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria y la prestación económica para alquiler de vivienda habitual.

Era la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades,. Alicia García, la encargada de presentar este Proyecto, acompañada por la portavoz del Ejecutivo Regional, Milagros Marcos, y que destacaba que el objetivo es «llegar a más personas vulnerables y de una manera más rápida». A partir de ahora esta Red ya no sólo actuará en momentos de crisis, sino que lo hará de forma habitual y permanente de atención.

Además, atenderá también a todas aquellas personas que se encuentren en situación de desamparo y que requieran una actuación inmediata, como pueden ser las víctimas de violencia de género, los menores desprotegidos o las personas mayores incapacitadas y en desamparo.

Acceso prioritario

La Ley catalogará y organizará el acceso prioritario de las personas a los 34 recursos o prestaciones que actualmente se integran en la Red, once más que en su inicio y que se clasifican en recursos de protección y de atención a necesidades básicas de subsistencia, recursos de atención con acceso prioritario y recursos para la inclusión social y laboral, entre otras.

Otro objetivo que se persigue es mejorar el propio funcionamiento de la Red a partir de la integración de diferentes recursos y medidas, de una manera coordinada, integral, interrelacionada y dinámica, algo que posibilitará, según Alicia García «unos servicios sociales de alta calidad». También se regulan herramientas como la valoración del caso, el plan individual de atención y la figura del profesional de referencia, que van a garantizar una atención integral, coordinada y personalizada y continuada al usuario.

La Ley también regulará las medidas que sin formar parte de la Red, la apoyan para conseguir la inclusión social de las personas. Aquí destacan el Fondo de Solidaridad, los planes de inserción socio-laboral, los acuerdos con operadores de servicios energéticos y los suministros básicos para garantizar este tipo de servicios a toda la población; los acuerdos con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en materia de procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria o de desahucio o los acuerdos con entidades locales para mejorar la atención en asuntos relacionados con la vivienda, suministros energéticos y desarrollo de itinerarios profesionales.

Para ello, la Consejería ha elaborado el «Mapa de Recursos de la Red de Protección», para todos los profesionales de los Servicios Sociales, y que se agruparán en cinco clases, en función de la tipología de prestaciones y servicios que ofrecen y del rol del profesional que desempeñen en la Red, como agentes o como colaboradores.

El Mapa actual dispone de 567 dispositivos distribuidos por las nueve provincias de la Comunidad desde los que se ofertan 23 prestaciones y recursos, y que se verán ampliados a 34 una vez que las Cortes apruebe esta nueva Ley social.