El Gobierno Herrera robustece su red de protección a familias tocadas por la crisis

VALLADOLID– Castilla y León se convertirá, en sólo una semana, en la primera comunidad autónoma española con una Red de Protección a las familias más castigadas por la crisis, para que mantengan su vivienda, dispongan de alimentos y puedan acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). Y lo será, por el empeño del Gobierno Herrera, que cuenta con el respaldo para esta cuestión de la sociedad civil y de los partidos con representación en el Parlamento Autonómico. Ayer, daba luz verde al decreto que eleva a rango de ley esta estrategia -que integra 23 programas sociales a aplicar junto a entidades locales y el tercer sector- y otorga carácter de urgencia a una norma que se publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León y que recibirá el visto bueno, en el pleno de las Cortes, los días 26 y 27 .

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, indicó, tras aprobarse ese expediente en el Consejo de Gobierno, que el propósito del decreto se centra en «establecer un nuevo sistema de protección, paliar los efectos del envejecimiento, prevenir la situación de exclusión social y mantener niveles de cohesión social». Una Red, dijo, que dará respuesta, en principio a 40.000 familias castellano y leonesas, pero que llegará «a quien lo necesite», a través del 012.

Entre las novedades que contempla esta norma se encuentran las referidas a la RGC, que se actualiza, frente a lo que contemplaba en 2010, y que podría llegar a 28.000 perceptores durante el próximo ejercicio, por lo que el gasto previsto pasa de 33 a 53 millones de euros. En concreto, se agilizará su concesión para familias en riesgo de impago de hipoteca y se abre a personas con bienes de imposible venta o poseedores de participaciones preferentes. De igual manera, se limitará en casos de solicitantes que hayan sido condenados por delitos contra la vida o la libertad sexual, si no ha satisfecho la responsabilidad civil declarada por el juez, esto es, si no han cumplido con las indemnizaciones civiles hacia sus víctimas.

Milagros Marcos detalló que uno de los propósitos de la RGC pasa por la inserción laboral, de modo que los planes de empleo de la Junta contemplarán medidas extraordinarias para los perceptores del subsidio. No obstante, no será exigible la inscripción como demandante de trabajo para quienes cursen estudios reglados o cuiden a dependientes, ni se computará como patrimonio ingresos procedentes de actividades laborales cuyas retribuciones sean inferiores a los 426 euros en un plazo de seis meses. Tampoco se descontará de la cuantía fondos para pensiones o pago de alimentos en el caso de parejas separadas o divorciadas y podrán participar mujeres víctima de maltrato que regresen al domicilio de sus familias. De igual manera, se ha previsto una ayuda extraordinaria para el pago de hipoteca para hogares con todos sus miembros en paro, que podrá ascender a 3.195 euros. Una ayuda «finalista, inembargable y compatible», que se concederá previo informe social y que irá directamente al pago de la vivienda, a cambio de la participación en un proyecto individualizado de inserción y planificación económica personal. Para esta acción, la Junta ha presupuestado tres millones de euros, durante cada uno de los dos próximos años. La otra medida complementaria en ese campo se ciñe a la atención prioritaria a situaciones de desahucio de inmuebles en alquiler. Por último, se establece también un fondo de solidaridad para luchar contra la pobreza, que da opción a la iniciativa privada a contribuir a este objetivo y que supondrán recursos al margen de los previsto en los Presupuestos anuales.