El Tribunal de Recursos Contractuales ha resuelto ya este año 65 asuntos

En lo que llevamos de año, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl), órgano dependiente del Consejo Consultivo que se encarga de tutelar la contratación pública, velar por la libre competencia e identificar la oferta más ventajosa, ha resuelto ya un total de 65 asuntos, lo que supone el 70 por ciento de todos los recursos tramitados el pasado año. Un número que eleva la cifra a 470, y por una cuantía de 3.400 millones de euros, en los cinco años que lleva funcionando en la Región, según fuentes de este órgano asesor.

Recursos que, como ponía ayer de manifiesto el presidente del Consultivo de la Comunidad, Mario Amilivia, se resuelven en apenas un mes. «Es un dato del que debemos presumir por el éxito en la tutela extrajudicial que ofrecemos», decía.

Amilivia se expresaba de esta forma durante la visita que realizaba a la sede de esta institución la presidenta del Consejo Consultivo y del Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía, María José Santiago, con la que mantenía un encuentro que servía para acercar posturas para tener una doctrina común, generar certeza y certidumbre a las administraciones.

En la reunión se analizaba también la nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Una normativa «largamente esperada» por la que se transponen dos directivas europeas de contratación.

Amilivia confiaba en que el texto, que ahora deberá pasar por el Senado, se apruebe finalmente, y destacaba de esta Ley que mantenga el sistema, así como un recurso potestativo y gratuito, y que se rebaje el umbral económico o se modifiquen aspectos como los rescates de las concesiones.

Por su parte, la presidenta del TARC de Andalucía destacaba la creciente actividad de los tribunales contractuales que están potenciando la tutela restitutoria de candidatos y licitadores, y llevando a cabo una «necesaria» la fiscalización previa de la contratación administrativa. «Este tipo de órganos son un filtro de control y de depuración de las malas prácticas en la contratación que se puedan dar en este ámbito», apuntaba.