La reforma pública en Castilla y León evitará duplicidades y reducirá trámites

La Junta de Castilla y León trabaja para que la reforma de la Administración autonómica que planteará el presidente Juan Vicente Herrera en las Cortes el próximo 30 de octubre sea «ambiciosa y valiente» e incluya medidas efectivas de simplificación de los procedimientos administrativos, evite las duplicidades que aún se producen en el ámbito de la Comunidad y diseñe una racionalización efectiva de las decenas de órganos de participación y observatorios que existen en Castilla y León.

Ésta es un de las prioridades con las que trabaja la Consejería de Presidencia, cuyo titular, José Antonio de Santiago-Juárez, tiene también entre sus previsiones más inmediatas el diseño del nuevo mapa de unidades básicas de ordenación territorial, que pretende comenzar a negociar con los grupos políticos de forma inminentes para tenerlo «muy, muy avanzado» antes de Navidad.

Asimismo, en la agenda de su departamento figura la aprobación en el Parlamento de la Ley de Ciudadanía de los castellanos y leoneses en el exterior, que podría producirse a finales de octubre; el visto bueno al proyecto de ley de Transparencia y Gobierno Abierto que pretende llevar al Consejo de Gobierno antes de finalizar el año; la revisión de la Agenda de la Población, cuyo primer borrador estará listo a primeros de octubre y la reactivación de los trabajos de la macrorregión con Galicia y la región norte de Portugal.

Ágil y moderna

En declaraciones a la agencia Ical, De Santiago-Juárez aseguró que todo el diseño de la reforma administrativa que planteó Herrera en el último Debate de Política General tendrá como objetivos construir una administración «más ágil, moderna y transparente» para «prestar los mismos servicios, con la misma o mayor calidad, pero con un menor coste». Se trata, dijo, de seguir la lógica que imponen los tiempos, «de igual manera que el mundo económico está trabajando para buscar una mayor competitividad».

«Cuando presentamos una comunicación es que buscamos el respaldo lógico de la Cámara a estas medidas y es que tenemos voluntad de negociación y acuerdo porque entendemos que es lo que demanda la sociedad: tener una administración ágil, transparente y eficaz», sostuvo.

Por ello, el proyecto, que tendrá cuatro vertientes, apuesta por una simplificación de los procedimientos administrativos y la reducción de trabas burocráticas tanto para los ciudadanos, como para las empresas. Para lograrlo, se potenciará el uso de las tecnologías de la comunicación y se reformarán algunos trámites internos «porque no puede ser que la publicación de un decreto pueda llevar una tramitación de seis u ocho meses». «No es operativo», concluyó.

Asimismo, pretende evitar solapamientos y duplicidades en la propia administración, por lo que se producirán algunas modificaciones, «no muchas», de las estructuras administrativas que podrían afectar a algunas consejerías y que se unirá a una nueva revisión del sector público empresarial y las fundaciones dependientes del Gobierno autonómico. El plan hace hincapié también en la racionalización de los organismos de participación existentes y en los distintos observatorios vinculados a la Junta.

«Se trata de poner un poco de orden para ganar agilidad», explicó el consejero, quien añadió: «Yo aplaudo y soy un convencido de la participación de la sociedad en las decisiones, pero eso no puede servir para hacer más lentos los procesos».