Los empleados públicos tendrán mejores condiciones laborales a partir de ahora

Tras algo más de un año de trabajo, el Gobierno Herrera y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT alcanzaban ayer un importante acuerdo que mejora las condiciones laborales de los empleados públicos de la Administración autonómica, recupera derechos perdidos durante la crisis y da un paso más en la modernización de la Función Pública.

Así, por ejemplo, en lo que respecta a mejoras laborales, los funcionarios recuperan el complemento por incapacidad temporal -hasta ahora se les reducía el salario al estar de baja laboral salvo por una enfermedad grave-, y volverán a cobrar el cien por cien de la nómina desde el primer día de la baja salvo en casos como un resfriado.

La Junta se compromete también a recuperar en año y medio entre el 40 y el 50 por ciento de la acción social que desapareció con la crisis en ayudas para gafas o para el dentista. Y la Administración se compromete a pagar el incremento de las retribuciones y los atrasos desde el 1 de enero en la nómina de julio o una complementaria en los primeros días de agosto.

Y en lo que a modernización de la Administración se refiere, el acuerdo contempla una reducción del número de vacantes y de la tasa de temporalidad a través de las convocatorias de ofertas de empleo público agotando para ello al máximo las tasas de reposición. Además, se pone en marcha un concurso abierto y permanente; se suprimen hasta un 31 por ciento de los puestos de libre disposición, que supondrán 387 vacantes; y se incorporarán progresivamente en los planes de formación cursos dirigidos a funcionarios de nuevo ingreso o a los que se incorporen a otro destino. El concurso echará a andar en marzo de 2018, se producirá una resolución y después se podrán efectuar dos o tres más al año. Medidas todas ellas encaminadas a mejorar la carrera profesional de los empleados públicos. También habrá gratificaciones específicas para aquellos puestos alejados de los grandes núcleos de población, para atender mejor también a todo el medio rural. «Son reformas que supondrán casi una revolución de la función pública», destacaba el vicepresidente José Antonio de Santiago-Juárez.

Los sindicatos, por su parte, valoraban positivamente el acuerdo, pero insistían en la necesidad de que se recuperen cuanto antes las 35 horas semanales. De Santiago-Juárez aseguraba que cuando el Estado permita su implantación, la Junta lo incorporará.