Sánchez cede y acepta un «mediador» con Torra

El independentismo ve “imposible” permitir la tramitación de los presupuestos si el Gobierno y la Generalitat no pactan nombrar a un “mediador” para sus negociaciones

El Gobierno ha reaccionado tras el órdago de Esquerra Republicana presentando una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Ejecutivo aceptó ayer la pretensión independentista de incluir dentro de la Mesa de Partidos, que Sánchez y Torra acordaron en Pedralbes el 20 de diciembre, la figura de un «mediador» –para el soberanismo–, «relator» –para el Gobierno– que «coordine las reuniones y ayude a su desarrollo». Con esta cesión, el Ejecutivo intenta granjearse el apoyo de los partidos soberanistas –que ayer ya moderaron sus posiciones–para que no tumben los Presupuestos y den al traste con la legislatura.

La vicepresidenta Carmen Calvo, que fue avisada de la presentación de la enmienda por dirigentes republicanos, mantuvo ayer numerosos contactos con las fuerzas independentistas tratando de encontrar un punto de encuentro más allá de la negociación bilateral que mantienen ambos gobiernos bajo el prisma de la Comisión Mixta Estado-Generalitat prevista en el Estatuto de Autonomía vigente. La Generalitat apuesta por una Mesa de Partidos de ámbito estatal mientras que el Gobierno mantiene su posición de que «este foro de partidos debe tener un ámbito exclusivamente catalán porque creemos que la cuestión pasa por el diálogo entre catalanes», apuntan fuentes gubernamentales. Esta Mesa de Partidos ya existe. La convoca el Govern de Joaquim Torra y ha celebrado dos reuniones sin la asistencia de PP y Ciudadanos. La primera reunión fue muy criticada por PSC y Comunes que echaron en cara a los independentistas que no había ni tan siquiera un orden del día. La segunda fue desconvocada por Torra por el traslado de los políticos presos. Ayer, por fin, se reunieron. Antes de la reunión, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se encargó de recordar a Joaquim Torra que es su obligación hablar con estos partidos con el objetivo que se sienten en esta Mesa de partidos.

En las últimas semanas, el bloqueo de la situación era evidente, llegando incluso el Ejecutivo a calificarla de «punto ciego», y ERC decidió en la reunión de su Ejecutiva del lunes romper el equilibrio y poner en jaque al Gobierno, porque sin su apoyo los presupuestos «volverían a toriles». Ante esta adversidad, se ha puesto toda la carne en el asador para lograr reconducir la situación en el lapso de 48 horas que median hasta que se acabe el plazo parlamentario para presentar enmiendas a los PGE, el viernes a las 14:00 horas.

Las negociaciones se mantienen de forma muy discreta y apenas se conocen detalles de los contactos. Curiosamente, nadie da datos, ni el Gobierno ni los independentistas. Más allá de generalidades, los interlocutores mantienen un silencio casi absoluto. El ámbito negociador se está ciñendo a la constitución de esta Mesa de Partidos y en la figura de un mediador, relator o de un facilitador. Una figura que debe ser de «consenso» y de «reconocimiento mutuo de su valía personal y política», para conseguir que «todos los partidos se sienten a hablar». La figura de este mediador, aunque en el Gobierno prefieren no referirse a él con este nombre, será una suerte de «notario» que dé fe de lo que allí se trate y contribuya a acercar posturas. Cediendo a esta tradicional pretensión de los soberanistas, el Ejecutivo aspira a que el PDeCAT no presente finalmente enmienda a la totalidad y que, de este modo, pueda arrastrar a ERC para que retire o se abstenga en la votación de estas enmiendas, de manera que permita la tramitación de los Presupuestos.

Mientras se mantienen las diferencias sobre el ámbito de la Mesa de Partidos –España o Cataluña– ayer el debate se centró en la figura del mediador, un personaje por definir. Hasta ahora, los independentistas planteaban la figura de un mediador internacional. Ayer, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, insistió en esta idea para que un mediador internacional presidiera una negociación del derecho de autodeterminación. No parece que su voz haya tenido eco. El Ejecutivo de Pedro Sánchez rechaza radicalmente esta posibilidad. «Un mediador internacional, no. Se trata de incorporar un relator a una mesa formada por partidos», apunta un dirigente socialista. Este dirigente explica las diferencias «el mediador negocia entre las partes, el relator da cuenta de las posiciones de unos y otros, y de los acuerdos o disensos a los que se llega». Además, este relator sería el que convocaría las reuniones para evitar que este papel lo asuma el Gobierno de la Generalitat porque hasta ahora ha sido el principal escollo. «Sólo así se podrá trabajar en la línea de que se sientes todos los partidos», apuntaba un conocedor de las conversaciones. Algunos dirigentes soberanistas apuntaban ayer a un cambio de posición, sustituyendo la figura de mediador en aras de «alcanzar un punto de encuentro» por la figura del «facilitador», que es «el que ayuda a delimitar el terreno de juego». En Moncloa asumen que será una «persona neutral» y «elegida de común acuerdo».

Mientras se está produciendo este debate casi semántico, ERC presentó en el Congreso su enmienda manteniendo un duro discurso «soluciones políticas y acciones de la Fiscalía», pero manteniendo en la nebulosa la cuestión principal: si la enmienda se retirará. Tanto en el independentismo como en el PSOE «no se da la batalla por perdida y no hay que cerrar puertas», apuntaban casi con las mismas palabras en los dos bandos. En el mundo independentista se abrió otra grieta entre el PDeCAT y Junts per Catalunya. Mientras los cercanos a Puigdemont quieren que todo salte por los aires, en el PDeCAT apuestan por esperar. El viernes es la fecha límite para presentar enmiendas. El PDeCAT no ha presentado su enmienda «hay tiempo. Depende del Gobierno que debe mover ficha», apuntó Carles Campuzano. En estas 48 horas la negociación será frenética porque de su resultado el Gobierno podrá tramitar o no los Presupuestos. Si no los puede tramitar la situación política se complicará y el Ejecutivo tendrá que afrontar una situación compleja que podría incluir un adelanto electoral.