La llegada de menores extranjeros desborda también la atención a jóvenes ex tutelados

Las entidades urgen medidas «atrevidas», una estrategia para integrarlos y facilitar permisos de trabajo.

Sacarse el carné de conducir, entrar en una discoteca sin falsificar el DNI o votar. Son cosas que se hacen en Europa cuando uno llega a la mayoría de edad. Cumplir 18 años debería hacer ilusión. Pero aquí y ahora, hay jóvenes que tienen miedo. Son algunos menores tutelados por la Generalitat que al alcanzar la mayoría de edad se quedan sin protección de la Administración.

«Pedirles a los jóvenes tutelados que cuando cumplan 18 años tengan autonomía y madurez para vivir de forma independiente es un sinsentido porque la realidad en España es que sólo el 19,7% de los menores de 30 años vive fuera de casa», apunta Pepa Arqué, presidenta de la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA), que acompañan a estos jóvenes en el proceso de emancipación.

No es que cuando cumplen 18 años los jóvenes tutelados tienen la maleta en la puerta del centro de acogida. Existe una red de entidades que en colaboración con el Àrea de Suport de Joves Tutelats i Extutelats de la Generalitat (ASJTET) ayuda a estos chicos, al menos, hasta cumplir los 21 años y en el caso de los que quieren estudiar, hasta los 23. Pero la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados (menas) está desbordando el sistema de atención. En 2015, llegaron 377 menas; en 2017, 1489, y en 2018, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) estima que lo harán 2.500.

«Cataluña cuenta con un modelo maduro de atención social que funciona desde 1994», explica Arqué. Desde 2010, además, tiene un protocolo que atiende a los jóvenes extutelados desde los 16 a los 21 años con programas formativos, de vivienda, de inserción laboral, apoyo económico y acompañamiento jurídico. Pero este sistema estaba preparado para atender a un determinado número de personas y la llegada sostenida desde 2015 de menas ha colapsado los servicios.

l problema es que las admisnitraciones están manejando la situación como si fuera una crisis de emergencia, cuando lo que se necesita es un plan que ayude a integrar al volumen de menas sin referentes familiares que al llegar a la mayoría de edad se queda sin permiso de residencia y/o trabajo si no tienen un contrato. A largo plazo, las entidades insisten además en que hace falta una estrategia de cooperación al desarrollo en los países de origen para frenar la llegada de menores inmigrantes que se ha disparado este verano: 630 entre agosto y el 15 de septiembre.

Para encauzar este fenómeno, la FEPA ha elaborado un informe que esta semana debatió con las administraciones en el ciclo «Perspectiva y perspectivas +18: la atenció a la juventud extutelada», organizado por la Obra Social «la Caixa» en el Palau Macaya. La directora de la FEPA, Ana Villa, autora del informe, señala que hay tres fenómenos que están condicionando la manera de atender a los jóvenes extutelados. En primer lugar, como los perfiles y problemáticas son más complejos y diversos, «hay más trastornos de conducta, más situaciones de estrés postraumático, más diversidad de origen y más dificultad de comunicación». Esta fotografía está relacionada con el segundo fenómeno, el gran volumen de extranjeros menores de edad sin referentes familiares que entran en el sistema de protección y a los 18 pasan a ser extutelados. El 95% son chicos, un 75% de Marruecos y más del 80% tiene entre 15 y 17 años. «Hay más chicos que llegan con 17 años y medio que con 15 y en pocos meses tenemos que lograr que comprendan la lengua y adquieran una formación que los prepare para entrar en planes de inserción laboral», puntualiza Arqué. «Este trabajo requiere coordinación, inversión y reajustes en el sistema para drenar el colapso», añade.

A finales de abril, había 7.604 menores acogidos por la DGAIA. Un 26,2% tenía entre 15 y 17 años lo que significa que en los próximos tres años, 1.993 jóvenes cumplirán 18 años y dejarán de estar tutelados. Se encontrarán con el tercer fenómeno que condiciona su integración: un mercado laboral que precario, burocracia y leyes contradictorias como retirar el permiso de residencia y/o trabajo a los jóvenes que llegan a la mayoría de edad si no tienen un contrato de un año a jornada completa.

«Estoy aquí para ayudar a mi familia»

«Mi pueblo era verde. Era feliz con mi familia. Pero aquí venimos a trabajar y no pienso en si soy feliz». Estas desgarradoras palabras son de Lukman, un joven de Pakistán que cuenta que antes de cumplir 16 años su madre le hizo la maleta, le dio 100 euros y lo envió a Barcelona. Es una de las historias que relata el documental de Isabel Fernández «Corredors de fons», una joya que descubre las dificultades de tres jóvenes inmigrantes al cumplir los 18 años para lograr el permiso de trabajo. A diferencia de Lukman, Ahmed dejó atrás Marruecos porque «quiero trabajar en Google». Y a Mamadou, su padre le pagó un viaje en patera para ayudar a la familia.