El Supremo falla contra Ayuntamiento de Valencia a pagar 5 millones a policías y bomberos

El Tribunal da la razón al sindicato SIPOL y rechaza el recurso presentado por la Corporación para no ejecutar el abono

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Valencia contra la sentencia de Contencioso-Administrativo 7 que obligó, en 2016, al Consistorio de la capital a abonar una cifra cercana a los cinco millones de euros a policías locales y bomberos municipales, en concepto de complemento específico por la peligrosidad de la labor que desempeñan.

De este modo, el Alto Tribunal niega la razón al Ayuntamiento que preside Joan Ribó, y la institución deberá hacer frente al pago de esta deuda que se corresponde con el citado complemento específico, acordado en el Convenio laboral del Ayuntamiento para el periodo 2011-2015, y que suponía el pago de 25 euros al mes, por catorce meses, para cada agente de la Policía y cada miembro del Cuerpo de Bomberos.

Esta cantidad se «congeló» en virtud del Decreto Ley 8/2010 de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, asumiendo el Ayuntamiento el compromiso de abonarlos cuando el Gobierno de España lo permitiera.

En 2016, el Ayuntamiento adeudaba alrededor de 1.750 euros a cada bomberos y cada policía

Sin embargo, en ese año de 2016 y según explican fuentes del Sindicato de Policías Locales (SIPOL), el Ayuntamiento propone pagar una gratificación a los agentes por la «merma del número de agentes e interés demostrado en el servicio». Dicha gratificación es de 1.500 euros y pretende que el complemento de peligrosidad esté incluido en la misma, como un complemento de productividad, y no como complemento específico como se había pactado anteriormente. Este pago de la gratificación es acordada por la Mesa General que reúne a los sindicatos UGT, CCOO, STA, CSIF y SPPLB, pero donde no está representado el SIPOL.

El Sindicato de Policías Locales, después de recurrir ante el Ayuntamiento y recibir como respuesta el silencio administrativo, presentó escrito en el juzgado Contencioso-Administrativo número 7 para que se ejecutara la sentencia que obligaba al pago, y la juez dictó que se requiriera al Ayuntamiento para que «en el improrrogable plazo de un mes proceda a la ejecución de lo resuelto en fallo de la sentencia, de la que se ha acordado en esta pieza su ejecución provisional mediante resolución ya firme».

Advertía también su señoría que se podrían «imponer multas coercitivas a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado, así como de reiterar estas multas hasta la completa ejecución judicial del fallo, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiera lugar, e incluso exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder».

El Ayuntamiento hace entonces un último intento ante el Tribunal Supremo que es quien ahora ha dictado que no cabe recurso de casación a la sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia.

Expresa el Alto Tribunal que «se acuerda su inadmisión a trámite (...) ante la falta de acreditación en el escrito de preparación del cumplimiento del requisito relativo a la recurribilidad de la sentencia que se impugna, ya que no se ha justificado mínimamente -más allá de la repercusión económica de una eventual extensión de efectos a los funcionarios afectados- que la doctrina que sienta la sentencia sea gravemente dañosa para el interés general».

El sindicato SIPOL entiende que ha habido «mala praxis intencionada, consensuada e impulsada por la concejalía de Personal junto con los sindicatos con la clara intención de ahorrarse un puñado de euros que pertenecen a todos los policías y bomberos del Ayuntamiento de Valencia».

También señala que «podríamos entender que la deuda asciende a más de cuatro millones de euros y que podría suponer un problema para el Ayuntamiento a la hora de realizar este pago, pero nos queda muy claro que éste no es el problema cuando estamos leyendo en prensa que el «tripartito» se vanagloria del resultado económico de 2016 y del aumento de más de un siete por ciento del presupuesto del Ayuntamiento para 2017, quedando bien patente que la negativa a pagar nuestra peligrosidad no se trata de un problema económico».

Además, anuncian que van a iniciar los trámites ante el juzgado Contencioso Administrativo 7 para exigir ya «las responsabilidades coercitivas, patrimoniales y/o penales a las autoridades, funcionarios o agentes que hayan incumplido los requerimientos del juzgado en el pago de la peligrosidad».