Despidos

Las firmas públicas han despedido ya a 2.996 empleados y faltan 366

El proceso de reestructuración del sector quedará finalizado este año. Por el momento se han anulado dos ERE, el de Vaersa y el de la AVM

Los trabajadores que realicen servicios públicos esenciales no podrán acogerse a este permiso
Los trabajadores que realicen servicios públicos esenciales no podrán acogerse a este permisolarazon

VALENCIA- El propio conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, reconocía la semana pasada en una entrevista a LA RAZÓN, que el sector público empresarial de la Comunitat no podía seguir funcionando tal y como estaba configurado. Los cambios están siendo muchos y todo lo rápidos que permiten las leyes.

Por el momento, un total de 2.996 personas han sido ya incluidas en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en las firmas públicas. De todos los despedidos hasta el momento (el 31,79 por ciento de la plantilla total), 1.806 corresponden al sector público empresarial y 1.190 a RTVV y la Agencia Valenciana de Turismo.

Pero la cosa aún no ha acabado. En un plazo muy breve de tiempo sufrirán ERE otros 366 empleados, alcanzando así la dramática cifra de 3.362 afectados por los despidos, lo que representa un 35,67 por ciento de la plantilla con la que contaba todo el sector público (incluyendo Radiotelevisió Valenciana y la Agencia Valenciana de Turismo), que era de 9.424 trabajadores.

Pero no todos los empleados que han dejado sus puestos han sido incluidos en ERE. Estos son 2.344. El resto, es decir, 652, han extinguido sus contratos por finalización de encomiendas, jubilaciones anticipadas, amortización de plazas vacantes, despidos individuales por causas objetivas o finalización de contratos temporales.

Nuevas batallas

En todo caso, la ejecución de ERE en empresas públicas, no es algo tan sencillo. Por el momento, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ha anulado ya dos. Uno, el de la firma Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa), en el que la sentencia obliga a la empresa a readmitir a los 205 trabajadores despedidos al considerar que la sociedad no había actuado «de buena fe». Fuentes de la Conselleria de Hacienda anunciaron que recurrirán esta sentencia.

El otro caso es el de la Agencia Valenciana de Movilidad (AVM), cuyo ERE afectó a 31 trabajadores. El TSJ anula los despidos por la misma razón, ausencia de buena fe, aunque la Conselleria de Infraestructuras presentó posteriomente un recurso.

El ERE de la Radiotelevisió Pública valenciana se encuentra también recurrido por los sindicatos y en manos de los tribunales. De momento, es una incógnita qué sucederá con estos despidos, aunque existe el precedente de la anulación de un ERE en la televisión pública madrileña.

A Moragues le preocupa la posible anulación de más ERE, puesto que esto supone o bien readmitir a los trabajadores despedidos, o bien pagar indemnizaciones en un momento en el que la Generalitat se está nutriendo de fondos estatales para hacer frente a los pagos corrientes.

Por lo que se refiere al proceso de extinción de entidades, a día de hoy el grado de cumplimiento es del 67 por ciento, dado que existen 32 entidades suprimidas o en proceso de extinción que han cesado su actividad, de las 48 que hay que eliminar.