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El sindicato policial CSIF denuncia a Carmena y Barbero por coacción

Por su parte, el CSIT pone el foco en que no les hayan reducido la jornada laboral en verano

  • La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena
    La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena
Madrid.

Tiempo de lectura 4 min.

31 de julio de 2018. 00:07h

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Laura Cano.  Madrid. 30/7/2018

El sindicato CSIF de la Policía Local ha denunciado en estos últimos días al Ayuntamiento de Madrid por «quebrantar los derechos» de sus agentes durante la celebración del Orgullo y el festival Mad Cool al coaccionarles «sistemáticamente» con el principio de la «obediencia debida» para doblar sus turnos, suspender sus descansos semanales y así subsanar la falta de personal, de previsión y de gestión. Las denuncias han sido interpuestas ante los juzgados de Instrucción de Plaza Castilla contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el delegado de Seguridad, Javier Barbero, y el director de la Policía Municipal de Madrid, Andrés Serrano.

Además, han presentado tres denuncias de distinta índole. «Una ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por incumplimiento del convenio, otra al Defensor del Pueblo y una ltima de tipo penal por posible delito de coacciones, prevaricación y por contravenir asimismo el art. 311 del Código Penal», explicó a este diario el responsable del área de Administración Local de CSIF Madrid, Víctor Martínez. Este artículo estipula que será delito abusar de una situación de necesidad e imponer a los trabajadores condiciones laborales que perjudiquen los derechos que tengan reconocidos por convenios colectivos.

«Consideramos un atentado denegar las libranzas a los trabajadores. Esta situación está recogida por la vía legal y puede darse, por ejemplo, en situación de emergencia (un atentado); pero no por mala planificación de las instituciones. Estos eventos estaban marcados en el calendario desde hacía meses», recalca el portavoz.

Respecto a un posible delito por coacción, Martínez explica que con esto se refieren a «las notas que se mandaron a los compañeros» en las que, según el mismo, se les advertía de que «quienes estuvieran de baja no percibirían sus días de compensación». Además, también han interpuesto una denuncia contra el delegado de Seguridad, Javier Barbero, porque consideran una herramienta de coacción iniciar un expediente, primero informativo y después disciplinario contra los 222 trabajadores dados de baja y contra los sindicatos, al actuar de esta manera en mitad de un proceso de negociación», hecho que también contravendía «el derecho de libertad sindical», explicó Martínez.

En cuanto a la denuncia por prevaricación, el responsable del CSIF Madrid añadió que consideran que «han existido resoluciones injustas a sabiendas, como acusarnos de mentir al denunciar que había barrios sin patrullar porque los efectivos se destinaron a cubrir eventos» y añadió: «Vamos a justificar que esos distritos se quedaron sin cubrir».

Hasta ahora, junto con la denuncia que presentó el sindicato CSIT-UP el pasado 13 de julio ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, «somos los únicos sindicatos que hemos actuado para arreglar nuestra situación». Y ello, porque «vemos que se está enquistando el proceso de negociación», dado que durante los meses de agosto y septiembre no habrá actos tan multitudinarios. Los peores presagios de Martínez son que «a la vuelta del verano no tengan ninguna intención de negociar», así que se vieron en la necesidad de «iniciar acciones para que el Consistorio recapacite».

REDUCCIÓN DE JORNADA DE VERANO

Por su parte, desde CSIT Unión Profesional denunciaron la «última de las discriminaciones hacia la Policía Municipal», una reducción de jornada para este verano, «que la disfrutará todo el mundo menos Policía». A este respecto, José Francisco Horcajo, responsable local del sindicato, apostilló que «parece que el Consistorio lo hace por castigarlos por el conflicto laboral».

Asimismo, denunciaron «la falta del derecho al descanso y las irregularidades laborales que se están cometiendo contra el colectivo de Policía Municipal» y condenaron la «discriminación que se ejerce sobre estos trabajadores con respecto al resto de colectivos del Ayuntamiento (bomberos o SAMUR)».

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