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Madrid Central vuelve a los tribunales

El PSOE y la Plataforma de Apoyo a la medida recurren la moratoria de multas. En reuniones con los afectados, el Ayuntamiento insiste en que se volverá a multar a partir del 1 de octubre con una ordenanza «mejorada».

  • Protestas Una mujer sostiene una pancarta, ayer, tras la reunión con colectivos ecologistas. Foto: DAVID JAR
    Protestas Una mujer sostiene una pancarta, ayer, tras la reunión con colectivos ecologistas. Foto: DAVID JAR

Tiempo de lectura 4 min.

04 de julio de 2019. 23:54h

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J.V. Echagüe 4/7/2019

Menos de un año después, Madrid Central vuelve a los tribunales. Primero fueron el Gobierno regional y el Grupo Municipal del PP quienes, el pasado octubre, interpusieron sendos recursos contencioso-administrativos contra la polémica APR debido, entre otros puntos, a la falta de informes de impacto económico. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó la suspensión cautelar de la medida. Ahora, es la oposición la que se ha personado en los juzgados para recurrir la moratoria de multas en Madrid Central aprobada por el nuevo Ayuntamiento y que se prolongará hasta finales de septiembre.

Por una parte, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento, con Pepu Hernández a la cabeza, presentó ayer un escrito en los tribunales en el que califican esta reciente medida de «trampantojo jurídico», así como de «ilegal y que lesiona gravemente derechos constitucionales de los ciudadanos, como el de la protección de la salud o el de disfrutar de un medio ambiente adecuado». Del mismo modo, consideran que la moratoria no se justifica con las miles de multas erróneas que, efectivamente, se produjeron, ya que se trata de un problema «corregido, como dice un informe del Ayuntamiento».

También acudirá a los juzgados la Plataforma en Defensa de Madrid Central, en la que se encuentran integradas 90 organizaciones, entre ellas Greenpeace, Ecologistas en Acción y SOS Malasaña. Según manifestaron ayer, la moratoria «no pasó por el Pleno» municipal y no está «ajustada a derecho».

Con todo, tanto el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como la vicealcaldesa, Begoña Villacís, se reunieron en la mañana de ayer con la Plataforma en Defensa de Madrid Central y con la Plataforma de Afectados por la ordenanza. Una asociación, esta última, formada por pequeños comerciantes que consideran que la ordenanza de movilidad aprobada por el Gobierno de Manuela Carmena sí les está perjudicando económicamente. LA RAZÓN ha hablado con ambas plataformas, que han terminado sus reuniones con impresiones antagónicas.

Por un lado, la de afectados, en palabra de uno de sus portavoces, Vicente Pizcueta, ha destacado su «coincidencia» y «sintonía» con el actual Consistorio en «los mensajes que hemos reiterado: que la lucha contra el cambio climático precisa de una estructuras y una coordinación que hasta ahora no se han dado, porque Madrid Central no ha permitido obtener grandes resultados y se ha quedado en un brindis al sol». Esta plataforma trabaja sobre 25 medidas que hicieron llegar ayer al alcalde y a la vicealcaldesa. La principal, que se considere a los dueños de pymes que tienen su trabajo en el área restringida como residentes de Centro, de forma que puedan entrar y aparcar en la zona. «En el distrito hay 125.000 vecinos empadronados, mientras que autónomos hay exactamente 9.008. Un número que no tiene ningún impacto ambiental», sostienen.

Del mismo modo, los afectados quieren que se flexibilice el calendario de renovación de flotas, ya que el próximo 31 de diciembre las empresas estarán obligadas al utilizar vehículos con distintivo ambiental. «Van a tener que afrontar 1.300 millones de euros de inversión. El problema no es tanto de fechas como de seguridad jurídica. Necesitamos que el empresario que lleve a cabo esa inversión la pueda amortizar en el futuro», dice Pizcueta.

Otros dos problemas planteados al Ayuntamiento han sido, por un lado, el turismo cultural –«a los teatros y salas de conciertos no les vale con 20 invitaciones al mes para poder llevar a cabo sus montajes», afirman– y, por otro, el problema de los agentes comerciales: 300 vehículos que, tras la ordenanza, no pueden entrar en el centro de Madrid.

Por contra, la plataforma favorable a Madrid Central destacó la falta de entendimiento con el Ayuntamiento. «Íbamos al encuentro con actitud positiva, y lo primero que les transmitimos es que nuestra prioridad es preservar la salud de la gente, fuera de cuestiones partidistas», afirma a este diario Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción. Sin embargo, a raíz de la discrepancia sobre los datos del impacto en la contaminación de Madrid Central –desfavorable para el Ayuntamiento, favorable para Ecologistas–, los puntos de acuerdo han brillado por su ausencia. «El Ayuntamiento ha divulgado datos de los meses que le interesan, sin tener en cuenta que hay una serie de meses en los que apenas ha llovido. No se puede comparar un año con otro. Es un negacionismo de la realidad», explica Segura.

Según esta plataforma, el Ayuntamiento sí se ha comprometido a dos cosas: a respetar los protocolos anticontaminación –los mismos que prohiben aparcar en el Centro en caso episodios de alta polución– y que, «a partir del 1 de octubre, cuando acabe la moratoria, se volverá a activar el sistema de multas». Algo que sucederá en «un Madrid Central renovado». Para ello, el Consistorio se ha comprometido a hacerlo de acuerdo a la «opinión de los servicios técnicos». Y si bien la Plataforma en Defensa de Madrid Central se ha ofrecido a asesorarles, las esperanzas de que «les den cancha» son casi nulas. De hecho, además de presentar hoy un recurso ante los tribunales, se reunirán la semana que viene con el Defensor del Pueblo y en septiembre convocarán nuevas movilizaciones.

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