Garrido y Carmen sellan el acuerdo, que se materializará en dos años

Unas 90 familias serán realojadas en la capital, mientras que otras 60 se repartirán entre varios municipios.

«Queremos abrir un grifo y que salga un chorrito de agua», decía ayer Asunción. Esta vecina es una de las 600 personas –alrededor de 150 familias– que dejarán atrás una zona de exclusión y marginalidad y vivirán por fin en un entorno seguro. Tras el acuerdo rubricado por el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ayer comenzó el principio del fin del sector VI de la Cañada Real. Concretamente, del tramo que comprende la incineradora de Valdemingómez hasta el final del término municipal de Madrid. Y, sin duda, el más conflictivo, debido al numeroso negocio de la droga que opera en la zona. En el plazo de dos años, 600 vecinos –casi la mitad de ellos menores de edad– que viven en la zona sin asfaltar del Parque Regional Sureste, serán realojados en algunos de los 21 distritos de la capital y en otros municipios.

Garrido explicó que el coste de la operación, financiada entre el Ayuntamiento y la Comunidad, será de nueve millones de euros. Además, aportarán la mitad de la bolsa de viviendas en las que se realojará a las familias, en régimen de alquiler social.

Vecinos de la zona explican a LA RAZÓN que, por el momento, desconocen cuál será su nuevo emplazamiento. En todo caso, se conoce que el 60% de las viviendas –unas 90 familias– se repartirá entre los distintos distritos de la capital y el 40 % restante –alrededor de 60– estará distribuido por distintos municipios de la Comunidad. Además, tanto el Gobierno regional como el local harán un «acompañamiento y seguimiento» de las familias realojadas «antes, durante y después».

Elena Martín, presidenta de la asociación de vecinos del sector VI, afirmó a este diario que «es un comienzo, por fin, después de tanto tiempo», aunque el plazo de dos años le parece demasiado prolongado. Martín ha criticado también el tratamiento informativo que se ha dado a este sector de la Cañada Real, debido a que se ha puesto especial acento a los conflictos de la zona. De hecho, una de las preocupaciones de estos vecinos es el rechazo que pueden causar en sus nuevos vecindarios. «Todo depende de las personas. En mi caso, jamás he tenido problemas», afirma.

Otro vecino afirmó a Efe que hay personas que no quieren ser desalojadas, porque están dispuestas a pagar por sus viviendas y quieren una «oportunidad» para seguir en este entorno. «Somos honrados, trabajadores, queremos oportunidades para seguir en nuestras viviendas», pidió.

Garrido destacó una medida «de gran trascendencia», que pone «punto final a una situación de marginalidad» y que además permitirá recuperar ambientalmente una zona degradada ubicada en pleno Parque Natural del Sureste. Así, subrayó que este primer paso ha sido posible gracias al trabajo conjunto de las distintas administraciones de la mano de los vecinos, lo que representa una «muestra de madurez de la sociedad». Por su parte, Carmena agradeció el empuje de los vecinos, que «han hablado» y han hecho ver a las administraciones que «no puede haber subciudades».

Durante el acto, el Comisionado de la Comunidad para la Cañada Real, José Antonio Martínez Páramo, aseguró que ya se ha cumplido un 40% de los objetivos del Pacto por la Cañada y que otro 43% está en marcha. Entre los avances está el asfaltado del sector 6 –lo que permite la circulación de ambulancias y rutas escolares– y la creación de una línea de la EMT que comunica a los 7.000 habitantes con núcleos urbanos.