Madrid acudirá a los tribunales si el Gobierno regula por ley poner topes a los alquileres

El consejero de Vivienda, David Pérez, cree que la medida “ha fracasado en otros países” y podría invadir las competencias autonómicas.

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El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha anunciado que va a recurrir a los tribunales, “por la vía que sea”, ante el Contencioso Administrativo, o ante el Tribunal Constitucional, si es necesario, si el Gobierno central invade competencias autonómicas y pone en marcha una Ley de Vivienda que limite los precios del alquiler, tal y como ha asegurado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Pérez ha anunciado la medida en un foro sobre vivienda celebrado esta mañana en LA RAZÓN. “Se está hablando mucho de que se permitirá habilitar a los Ayuntamientos para que pongan topes y entiendo que eso sería saltándose a la Comunidad de Madrid, que ya ha dicho que no va a aplicar esas medidas ni ninguna otra que, por su carácter intervencionista creamos que puede ser perjudicial para garantizar el derecho al acceso a la vivienda”.

El consejero lamentó que la vivienda se esté utilizando “como instrumento lucha, de posicionamiento político”, en lugar de abordarse desde una óptica más pragmática, dejando aparte la ideología. Es más, considera que “nos venden fórmulas” que ya se han aplicado en París y Berlín que han fracasado “pero se sigue insistiendo en ellas por capricho, porque ideológicamente la intervención satisface a determinadas fuerzas políticas”.

Así, ha puesto como ejemplo el caso de los topes del alquiler que, a su juicio, ha fracasado en los países donde se ha aplicado porque “al aplicarse ese intervencionismo tan feroz en el sector privado, mucha gente saca del mercado de la vivienda sus casas en alquiler”. Según sus cálculos, un 30% de ellas salen inmediatamente del mercado, con lo que se restringe la oferta y, como consecuencia, suben los precios. Otra de las consecuencias más inmediatas de esa política es que “no se controla que mucha gente opta por cobrar por otras vías las mismas cantidades que estaban cobrando o incluso superiores. “Se establecen conceptos nuevos por los que se establecen complementos y por esa razón estas medidas no funcionan”, añadió. Es por esto por lo que, a su juicio, “toda medida intervencionista tiene un efecto adverso, como también la tiene la subida de impuestos”.

El consejero advirtió de que cuando se intenta intervenir e ir más allá de lo que la Administración debe hacer, es decir, "bajar impuestos, remover obstáculos, reducir burocracia y aumentar la colaboración público-privada, el efecto final es el contrario”. Y añadió que, aunque “hay buena voluntad” por parte del Ejecutivo, “peca de no escuchar a los profesionales, a la sociedad y no analizar las experiencias que no funcionan, por eso seguir insistiendo en las mismas fórmulas es un error”.

Pérez destacó que en el programa de Gobierno de Díaz Ayuso se encuentra favorecer el acceso a la vivienda de las capas más desfavorecidas, a través de un parque de viviendas que supera las 23.000 y que sitúa a Madrid como la primera comunidad de España en cuanto a porcentaje de vivienda protegida por habitante de España lo que “demuestra nuestro compromiso social del Gobierno”.

La Comunidad también prevé aumentar los presupuestos en materia de rehabilitación y aumentar el parque de vivienda para jóvenes. “Hemos planteado el Plan Vive para poner en el mercado 15.000 viviendas en cuatro años; 25.000 en los siguientes cuatro y alquiler a un precio que sea la mitad del precio de mercado”, dijo.

En su opinión, “existe un problema claro de emancipación porque más del 53% de los jóvenes de hasta 29 años viven con sus padres todavía y más del 24 % de los que tienen hasta 34 años también siguen viviendo con sus padres y lo hacen no por gusto, sino porque no tienen la capacidad de emanciparse. Y eso tiene consecuencias: “el problema demográfico por eso si la gente se emancipa más tarde cada vez tiene los hijos más tarde y menos hijos”, añadió.

Pérez subrayó, asimismo, que lo que necesita ahora la vivienda es un marco fiscal más favorable que eviten la despoblación.