Los vecinos de Casa de Campo piden a Monasterio que exija el regreso del albergue para votar los presupuestos

Realizan la petición por el incremento de robos procedentes de internos del actual centro de “menas”

La indefensión que sienten los vecinos ante la oleada de agresiones y robos en Casa de Campo y Batán les ha llevado a lanzar un guante a Vox. En una entrevista en AR, la Asociación de Vecinos de Casa de Campo Unidos ha pedido a su portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, que, antes de votar los presupuestos del Ejecutivo autonómico, exija la supresión del actual centro de menores extranjeros no acompañados (“menas”) y recupere el antiguo albergue Richard Schirrmann. Una decisión que estaría en manos de la Consejería de Políticas Sociales del gobierno de Ayuso.

“Rocío Monasterio ha venido tres veces al barrio a apoyar a los vecinos, ha llevado el problema a la Asamblea de Madrid y no le han hecho caso. Desde el grupo de vecinos que represento, le pedimos que lleve como condición sine qua non para la votación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid la recuperación del albergue para todos los madrileños”, afirmó Alberto, portavoz de la asociación. Y es que muchos de los robos y agresiones en el barrio, que se han visto incrementados en la zona de manera exponencial han tenido como origen el actual centro de menas, ubicado en el antiguo albergue desde hace dos años. Del mismo modo, los vecinos piden “una partida presupuestaria para recuperar el patrimonio histórico que nos han destrozado”.

Rocío Monasterio y el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, visitaron hace menos de un mesel barrio de Batán. Para Abascal, esta zona es un ejemplo «de lo que implica la llamada a la inmigración masiva», y señaló que «el Gobierno debe preocuparse de los españoles»: cualquiera que se dedique «a delinquir» y «no sea capaz de integrarse» debe «ser expulsado inmediatamente de nuestro suelo».

Por su parte, Monasterio criticó el hecho de que «los delincuentes campen a sus anchas» por Batán, mientras que los menores extranjeros llegados ilegalmente a España «están más protegidos por la administración» que los propios españoles.