Exigencia

Vox resucita el «pin parental» para apoyar los Presupuestos de Ayuso en Madrid

Aguado rechaza la medida porque «no es una prioridad» y exige a Monasterio que rectifique

Rocio Monasterio, portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid.
Rocio Monasterio, portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid.Jesús G. FeriaLa Razón

Un mes después de analizar «partida a partida» la propuesta de Presupuestos presentados por el Gobierno de coalición de Ayuso y Aguado, Vox ya ha puesto sobre la mesa sus condiciones para poder apoyar las Cuentas para 2021 y una de ellas pasa por asumir el «pin parental», una de las medidas más polémicas que trató de introducir sin éxito en el acuerdo de Investidura. Ahora, consciente de que sus votos son claves para que salgan adelante unos Presupuestos más necesarios que nunca, quiere poner de nuevo el foco y resucitar este asunto que, si bien ha prosperado en las negociaciones que ha mantenido en otras comunidades autónomas, como Murcia, en Madrid parece inasumible.

Vox vuelve así a la carga con una de la polémica medidas por que cree «forma parte de la libertad y sería llamativo que PP y Cs no quisieran defender la libertad de los padres frente a la ley Celaá porque su votante no lo entenderían», ha dicho la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio. Así los de Abascal serían partidarios de que en Madrid los directores de los centros educativos informaran a los padres sobre «cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad» de sus hijos. La asistencia a las charlas requeriría, así, autorización expresa de los padres, según ha definido el propio partido.

En definitiva, Monasterio quiere que «los padres puedan decidir con libertad en el colegio de sus hijos, de la misma forma que el señor Aguado decide si ver la Isla de las tentaciones con los suyos o no». La presidenta y portavoz de Vox en la Asamblea cree que «PP y CS, que sacaron a su gente a protestar contra el adoctrinamiento de la Ley Celaá, no tendrán problema en defender la libertad de los padres. Asumimos que la defienden», ha asegurado a LA RAZÓN.

Pero el Gobierno regional no parece muy receptivo a la medida. El vicepresidente Ignacio Aguado ha explicado que «no es una prioridad de los madrileños. Espero que Monasterio rectifique y lo elimine de sus exigencias para negociar», dijo.

Inversión histórica

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha evitado pronunciarse antes de llegar a un acuerdo sobre las Cuentas del próximo año que contemplan una inversión histórica en Sanidad, Educación y 1.000 millones de euros en ayudas directas a familias y empresas, pero ya rechazó durante la negociación de investidura la aplicación de esta medida amparándose en la idea de que en Madrid nunca había habido una denuncia por adoctrinamiento. En este sentido, el consejero de Educación, Enrique Ossorio también llegó a decir: «Recibo muchas quejas diarias de muchas cosas y cuando pregunté específicamente sobre cuántas tenían los padres sobre las charlas en los colegios me dijeron que ninguna en dos años».

Pero, por si aún quedaba alguna duda sobre la opinión de los populares, ayer, su portavoz en la Asamblea, Alfonso Serrano, hizo hincapié en que el «pin parental» fue una propuesta de Vox que ya retiró del acuerdo de investidura. Por eso, «en lo que se está trabajando es en la capacidad y la libre elección por parte de los padres. Aquí existe y, además, los contenidos extracurriculares son conocidos por los padres antes del período de matriculación, lo cual aumenta la capacidad de elegir libremente la educación que se quiere para los hijos con lo que no aporta mucho más al debate», sentenció.

El acuerdo de investidura dejó reducida la petición de los de Abascal a «garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones, tal y como está contemplado en el artículo 27.3 de la Constitución. Para ello, se introducirán mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos». Ahora, quiere dar un paso más.