Entrevista
Enrique Ossorio: «Las leyes Celaá y Castells aleccionan a los alumnos en mantras de la izquierda»
El consejero de Educación, Universidad, Ciencia y Portavoz cree que ambas reformas educativas empobrecen los conocimientos y no resuelve los problemas universitarios
Gestionar y gestionar. Es el encargo que Enrique Ossorio asegura tener de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para el nuevo curso que coincide con un momento de intensas reformas educativas. Eso, y «enderezar», hasta donde las competencias autonómicas le permitan, los «intentos adoctrinadores» del Gobierno de Pedro Sánchez.
–¿Qué novedades trae este nuevo curso escolar?
–Desgraciadamente seguimos hablando de sanidad e higiene y no de avances en innovación educativa porque, al final, lo que despierta la atención es la covid-19. Este curso se trata de mantener todas las medidas higiénico-sanitarias que tuvieron éxito el curso pasado y tendremos un refuerzo de 3.000 docentes para recuperar conocimientos que se hayan podido perder por la pandemia.
–¿Habrá menos contagios este año?
–El año pasado, aunque hubo alumnos en cuarentena, el porcentaje fue muy pequeño y el resultado fue muy satisfactorio. Este año que tomamos las mismas medidas y que una parte importante de alumnos y profesores están vacunados esperamos que las cosas vayan mejor, aunque no hay que confiarse porque el problema podría venir por nuevas variantes del virus. De momento, las perspectivas son muy buenas por la vacunación.
–¿Qué ha aprendido la educación madrileña de estos dos años de pandemia?
–Lo que hemos sacado en positivo es el enorme incremento de la digitalización de las aulas, un proceso que existía, pero que se ha relanzado de manera espectacular. No hay más que comparar las páginas vistas de nuestro portal de Educamadrid en el curso 2018-19, que fue prepandemia, en que se vieron 1.336 millones de páginas, pero en el 2020-21 fue de 4.484 millones de páginas. El crecimiento ha sido espectacular. Las visitas se han disparado, lo mismo que los cursos creados en el aula virtual. También hemos visto que cuando hemos estado de acuerdo todos y hemos visto de verdad un problema grave y nos hemos puesto a remar en la misma dirección, las cosas han salido muy bien.
–¿Cuántos conocimientos se han perdido por la pandemia?
–Se han hecho diferentes estudios pero no hay una cifra mágica. Es un hecho que los aprendizajes se han visto limitados y por eso hemos hecho la apuesta de contratar a más personal de refuerzo educativo.
–¿Hasta dónde puede resistirse Madrid en su batalla contra la «ley Celaá»?
–Nos resistimos en todo aquello que, según nuestros principios, pensamos que es equivocado y hasta donde nuestras competencias nos permiten. Los temas en los que no tenemos margen de desarrollo, aunque no nos gusten, lo tenemos que aceptar. El año pasado adelantamos el proceso de elección de directores, pero este año ya se rige por la «Ley Celaá». Y a nosotros nos gusta cumplir la ley. Otro tema que no hay más remedio que cumplir es el decreto de evaluación, promoción y titulación. Tampoco podemos hacer nada. Si se dice que el alumno de segundo de Bachillerato con un suspenso puede titular, nosotros no podemos legislar en sentido contrario o si un alumno tiene ocho suspensos en la ESO el claustro puede tomar la decisión de que supere el curso. Sí hemos mantenido el concepto de la demanda social, porque es de cajón. O la construcción de centros concertados en suelo público. Hemos actuado en todo aquello que, según nuestros principios, pensamos que es bueno para los estudiantes madrileños y tenemos margen legal.
–¿Cuándo entrará en vigor la Ley Maestra de Libertad educativa madrileña?
–Septiembre es el plazo de enmiendas a la totalidad y parciales. En octubre se constituirá la ponencia y confío que un plazo razonable sería que la ley estuviera en vigor a principios del año 2022. No queremos que haya una tramitación parlamentaria como la que el Gobierno hizo con la Lomloe, que la tramitó en siete días en el Senado. No me parece correcto. Reaccionamos en materias como los concursos públicos, la libertad de elección, el refuerzo del castellano como lengua cooficial y vehicular de la educación, la mejora de la calidad de la enseñanza y tres cuartas partes de la norma es una regulación de la enseñanza de los alumnos con necesidades especiales. Garantizamos que en Madrid vayan a existir estos centros.
–¿Y qué sentido tiene en Madrid que se fije por ley que el castellano sea vehicular en la educación?
–Primero es reafirmar ese concepto y dejar claro que no estamos de acuerdo con esa ausencia de la ley orgánica estatal; también estamos pensando en la posibilidad de llegar a acuerdos con otras comunidades autónomas y poner en común repositorios de textos en castellano para colaborar con otros centros educativos de otras comunidades en esa materia. Va a tener una aplicación práctica.
–¿Cuánto más ha costado la educación en Madrid por la Covid-19?
–Cada curso ha costado 200 millones más respecto a lo que teníamos presupuestado. Es decir, 400 millones más ha costado la educación estos dos años de pandemia.
–¿Qué perspectivas hay de cara al inicio del curso universitario?
–Habrá 1,2 metros de distancia en las aulas y, como las universidades son autónomas, pueden organizar de manera presencial las clases al cien por cien y, la que no, de manera semipresencial. Teniendo en cuenta la situación de la pandemia, las reglas podrán ser modificadas. En las próximas semanas se va a hacer una modificación de aforos y dentro de ella, en función de la pandemia, podría cambiarse esa regla de 1,2 metros y ser menor.
–¿Qué opina de la ley de universidades del ministro Castells?
–No aborda los problemas de las universidades, no va a hacerlas más competitivas ni más excelentes. Es próxima al ideario de Podemos y no nos gusta nada que se quite al rey como autoridad que expide el título, que aunque son los rectores, lo hacen en nombre del Rey. Tampoco nos gusta que los rectores ya no tengan que ser catedráticos; que se impregne de la memoria democrática las enseñanzas en la universidad. No nos gusta que apueste por internet y no por los conocimientos y la memoria. Las leyes celaá y Castells son una única cosa. Pretenden reducir la calidad del sistema y aleccionar a los estudiantes en los mantras de la izquierda. Menos calidad y aleccionar, adoctrinar a los estudiantes. Estamos en contra de esto.
–¿Y de los proyectos de decretos de Primaria que se van conociendo. Va a reaccionar Madrid a lo que muchos ven en la asignatura de Valores Cívicos y Éticos una vuelta a Educación para la Ciudadanía de Zapatero?
–Ya hemos enviado al Ministerio las observaciones de la Comunidad de Madrid a los proyectos de decreto de Infantil y Primaria. Vemos carga ideológica en el currículo, en el que las matemáticas se estudian desde una perspectiva de género, donde hay que tener en cuenta el enfoque socioemocional del alumno. Pero es que también la Geometría se estudia desde una prespectiva de género, los avances científicos y tecnológicos o la literatura y la Lengua. En todo se ha introducido la perspectiva de género. Nosotros decimos que eso es algo transversal que ya existe pero que no puede ser que por una cuestión ideológica se introduzca en todas las asignaturas. Se olvida la regla de tres, los números romanos, los números primos, el máximo común denominador...No puede ser que empobrezcas los conocimientos y recargues el currículo de mantras de la izquierda.
–¿Madrid va a vigilar qué se hace con la asignatura de Valores?
–Tenemos derecho a regular el 40 por ciento del currículo de cada asignatura así que, cuando nos pasen el currículo, plantearemos que hay que quitar el adoctrinamiento. Cuando regulemos nuestro 40% intentaremos enderezar lo que se haya podido desviar la regulación del Gobierno. Creo que habrá una reacción de la sociedad cuando los currículos se concreten y se vea esa voluntad de adoctrinar, una pretensión lamentable en el siglo XXI.
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