El juez llama a declarar a la alcaldesa de Móstoles por perdonar, supuestamente, tasas a empresas

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, tendrá que acudir a declarar ante el juez el próximo 18 de noviembre después de que el juzgado de Instrucción número uno de la localidad del sur la haya citado por el caso de la supuesta «amnistía fiscal» a empresas.

La citación tiene que ver con la querella presentada por Más Madrid contra la regidora. Los portavoces del Grupo Municipal, Gabriel Ortega y Susana García, presentaron una querella criminal ante un juzgado de Móstoles en mayo pasado por un presunto delito de malversación y prevaricación por haber procedido, supuestamente, a perdonar la deuda pública a la empresa privada ITV Móstoles S. L por valor de 2.455.725,39 euros, según figura en la denuncia presentada por Más Madrid.

Según la denuncia, el Ayuntamiento perdonó supuestamente la deuda pública derivada de las tasas que supone la utilización de suelo público para que la empresa desarrolle su actividad.

También tendrá que declarar todo su equipo municipal, entre los que se encuentran el portavoz socialista, Alejandro Martín; el teniente de alcalde y secretario de Organización del Partido, David Muñoz; la concejala de Educación, Natividad Gómez, además del tesorero, entre otros.

Más Madrid cree que la alcaldesa y su equipo de Gobierno debe rendir cuentas ante la Justicia «al haber causado un perjuicio en el patrimonio del Ayuntamiento de Móstoles en el ejercicio de su cargo».

En la querella Más Madrid expone que la decisión de no cobrar la deuda responde al «mero capricho de la sociedad y de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, así como del tesorero (...)» que atendieron «al interés de la empresa privada (...) La necesidad de la Administración era el cobre de la deuda contraída por la sociedad y no la condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada y la reducción del canon para los próximos veinte años».

Además, en la querella se puntualiza que la decisión se tomó «eludiendo informes» al incluir el asunto en el orden del día de la Junta de Gobierno por la vía urgente «a sabiendas de que los informes previos expresaban una frontal oposición de los altos funcionarios jurídico y económico (secretario e interventor) por el gravísimo perjuicio a las arcas públicas y la total falta de fundamento.

El antiguo interventor municipal, ya advirtió al Ayuntamiento de lo improcedente de la operación hasta el punto de ponerlo en conocimiento del Tribunal de Cuentas, que una investigación sobre los presuntos «tratos de favor» de Posse a empresas privadas como ITV de Móstoles en lo que se ha considerado como una «amnistía fiscal». Sobre este empresa en particular el propio interventor ya denunció que entre 2013 y 2018 acumuló una deuda con el consistorio que se eleva a 1.026.232,51 euros. El interventor fue cesado en su puesto poco después.