El castigo de Sánchez a Madrid: cero euros de los fondos UE en los dos últimos decretos de Moncloa

El Gobierno regional observa con asombro cómo semana tras semana se aprueban decretos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez con fondos europeos para otras comunidades autónomas que no son Madrid. No encuentra una explicación al porqué en el BOE del 20 de octubre se publicaba el primer decreto por el que se concedían subvenciones directas por valor de nueve millones para «nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad» en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las comunidades «agraciadas» han resultado ser Navarra, que recibirá tres millones mientras que Extremadura, Valencia y País Vasco, que obtendrán ayudas por valor de dos millones cada una de ellas. Navarra, para impulsar un plan de reactivación económica en una región despoblada como es el Pirineo navarro y, el resto de autonomías, para el desarrollo de proyectos pilotos dirigidos a jóvenes y a proyectos de emprendimiento y microempresas.

Solo unos pocos días después, el 27 de octubre, salía publicado otro decreto por el que se hacía una nueva dotación financiera a otras nueve comunidades autónomas y dos Ayuntamientos por valor de 68 millones de euros. Y entre ellas no estaba la Comunidad de Madrid. Las ayudas iban destinadas a hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

«No entendemos por qué se está dando ayudas a unas comunidades autónomas y a otras no, ni los criterios en los que se han basado los ministerios de Escrivá y de Yolanda Díaz al margen de la Conferencia Sectorial», detallan a LA RAZÓN fuentes de la Comunidad de Madrid.

De hecho, desde la Consejería de Economía y Hacienda ya se ha remitido una carta a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la que solicitan la convocatoria urgente y extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales con un solo punto en el orden del día: «información y justificación de la aprobación del Real Decreto 902/2021 de 19 de octubre por el que se regula la concesión directa de subvenciones» al margen del reparto de fondos europeos que ya se aprobó.

Este reparto de subvenciones «a dedo» «vulnera el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo y utiliza de forma fraudulenta la reserva de crédito del SEPE no sujeta a la distribución en conferencia sectorial para repartir fondos adicionales a cuatro comunidades sin conocimiento previo de la Conferencia Sectorial sin justificación alguna y alterando el sistema de distribución de fondos legalmente establecido», expone la misiva remitida por el consejero Javier Fernández-Lasquetty. El asunto lo considera «de gravedad». Al igual que otras comunidades autónomas del PP (Andalucía, Castilla y León y Galicia) a las que no les llegó la primera de las ayudas publicada en el BOE el pasado 20 de octubre. Todas ellas han seguido la misma senda que Madrid y sus respectivos consejeros han remitido la misma carta a la ministra.

«Los últimos»

Tal y como avanzó ayer LA RAZÓN, la Comunidad de Madrid está dispuesta a acudir a los tribunales. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aseguró en Pinilla del Valle, al ser preguntada por este asunto, que se está estudiando por parte de los servicios jurídicos. «Ahora mismo, desde el Gobierno, queremos seguir hablando en la defensa de más información, transparencia y fondos para la Comunidad de Madrid ya que en la inmensa mayoría de las reuniones sectoriales que se están manteniendo con los distintos ministerios siempre estamos los últimos». Díaz Ayuso lamentó que «cada vez obtengamos menos información, y más aún, después del último anuncio de la vicepresidenta donde nuevamente son premiadas o reconocidas otras comunidades autónomas». Es por esto por lo que defendió una mayor equidad en el reparto de fondos y «que tengan en cuenta que todas las comunidades autónomas tenemos grandes dificultades y, por tanto, necesitamos los mismos fondos», sentenció.

No es esta la primera vez que la Comunidad se embarca en un proceso judicial contra el Gobierno central. En 2019, la presidenta regional anunció la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional para reclamar el impago del IVA de 2017, que ascendía a un total de 377 millones de euros. Un año más tarde, en 2020, el Ejecutivo madrileño aprobó presentar un nuevo recurso en la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional para reclamar al Ministerio de Hacienda el ingreso de los 53,64 millones de euros que la región recibió de menos por las entregas a cuenta de 2019.