La Paloma busca respuesta judicial por la vía civil un año después de la explosión en la casa parroquial

Un escape de gas bajo la acera de la calle Toledo. Ahí está el origen del reventón que el 20 de enero de 2021 mató a cuatro personas, hirió a otra decena y provocó numerosos daños materiales en la castiza calle Toledo. Amén de las cuatro familias rotas, el mayor destrozo se provocó en la casa parroquial de La Paloma. El gas se coló en el número 98 y subió hasta formar una bolsa en los pisos superiores. Una pequeña chispa, que pudo ser causada por cualquier nimiedad –luces de presencia, un ascensor, una ventana abierta…– causó la deflagración.

El sacerdote Rubén Pérez detectó un olor sospechoso antes de la explosión, por lo que requirió de la ayuda de David Santos, un padre de familia comprometido de la parroquia. Los informes judiciales, los peritos y la policía constatan que nunca llegaron a tocar nada, simplemente se dispusieron a investigar por el edificio de dónde venía ese olor cuando les sorprendió el estallido. Aunque en las primeras horas del suceso se dejó caer la posibilidad de una manipulación en las calderas, la investigación certifica que no hubo negligencia por parte de las víctimas, que no llegaron a tocar nada y que, por parte de la parroquia, la instalación estaba en regla. Las siete calderas estaban intactas y no explotaron.

Con el duelo presente y un funeral en La Almudena que esta tarde presidirá el cardenal Carlos Osoro, desde la parroquia de la Virgen de la Paloma buscan que se esclarezca lo sucedido. «Nosotros mantenemos nuestra firme disposición a saber qué pasó y por qué pasó», explican fuentes eclesiales, en desacuerdo con la decisión de los tribunales de archivar la causa «sin realizar la más mínima inspección de la válvula de la acometida» tras una instrucción inicial «que apenas duró cuatro semanas». Así, desde la parroquia lamentan que «no se indagó en posibles causas ni se investigaron las actuaciones o posibles omisiones de Naturgy y del Canal de Isabel II». Tampoco la Audiencia Provincial ha reabierto las pesquisas y en plena Navidad anunció que cerraba la vía penal. Ahora, con el aval del párroco Gabriel Benedicto, «nos disponemos a reclamar en la vía civil la presunta actuación negligente de las empresas suministradoras». ¿El motivo? «Conocer la verdad y evitar que vuelva a sucederles a otros en otro punto de España», sentencian.