Vigilancia

Madrid hará auditorías a los centros de protección de menores

“Operación Sana”: la Comunidad alertó a la Policía 80 veces sobre la situación de las menores prostituidas

La Comunidad asegura haber alertado de la situación de las menores víctimas de explotación sexual
La Comunidad asegura haber alertado de la situación de las menores víctimas de explotación sexuallarazon

La polémica suscitada por la trama de explotación sexual desarticulada en la denominada «Operación Sana» ha llevado a la Comunidad de Madrid a poner en marcha una auditoría sobre el funcionamiento sistema de protección de menores de la región para evaluar su eficacia y calidad. Lo anunciará hoy la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, durante su comparecencia, a petición propia, ante el Pleno de la Asamblea de Madrid, para dar cuenta de la actuación de su departamento durante la investigación policial de la trama. La consejera ya se ha dirigido a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo para que realice este análisis a través de su Inspección de Servicios.

La auditoría se hará a lo largo de este semestre y «analizará la gestión y los procedimientos del sistema de protección de menores de la región, evaluando de manera crítica, sistemática e imparcial la eficacia de las actuaciones que desarrollan las distintas unidades y recursos que integran la red autonómica y la calidad de la gestión que desarrollan», aseguran desde la Consejería de Política Social.

Por otra parte, Dancausa detallará hoy que la Comunidad alertó en más de 80 ocasiones a las autoridades policiales y judiciales sobre la situación y evolución de las tres menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que figuran como testigos protegidos en la trama de explotación sexual. Así, durante el último año y medio, el Gobierno regional presentó escritos sobre el seguimiento de las menores a juzgados y Fiscalía, así como denuncias al Grupo de Menores (Grume) ante las ausencias voluntarias del centro por parte de las menores. Asimismo, la Comunidad asegura que intentó sin éxito que la Fiscalía y los juzgados incrementaran la protección de una de ellas ante el riesgo que corría cuando salía de las instalaciones en estas ausencias voluntarias, y denunció en tres ocasiones los abusos sexuales sufridos por otra de estas menores cuando no estaba en el centro. Estas actuaciones las llevó a cabo sin tener conocimiento de la investigación que estaban desarrollando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.