Las otras Comisiones de Investigación en Cibeles: ¿valieron para algo?

Se anuncian a bombo y platillo, abren las secciones locales de los periódicos, comienzan haciendo «ruido»... pero muchísimo menos acaban trascendiendo sus conclusiones. Y, por encima de todo, dejan una triste conclusión: ¿valieron para algo? Esa misma duda planeará hoy, en la primera jornada de la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid que investigará la presunta implicación de cargos de Cibeles en la supuesta trama de espionaje del PP a Isabel Díaz Ayuso. Un día en el que, en principio, habían sido convocadas para comparecer seis personas,la propia Ayuso y Pablo Casado entre ellos, parece que solo dejará el testimonio del consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano. Y es que solo aquellos que ostentan cargos municipales tienen la obligación de acudir a la citación. De hecho, en las próximas sesiones, quien sí estará será José Luis Martínez-Almeida

Antes de la Comisión que se abre hoy, se abrieron un total de cuatro por parte del Consistorio. La primera de ellas, el 28 de noviembre de 2007, que trataba de indagar sobre las «presuntas irregularidades» cometidas en el procedimiento de concesión de licencias urbanísticas, por parte de distintas Áreas de Gobierno y Juntas Municipales de Distrito. Apoyada por todos los partidos, estuvo conformada por siete miembros: cuatro representantes del Grupo Municipal Popular, dos del Grupo Municipal Socialista y un representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida. En este caso, el Ayuntamiento, entonces presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, acordó reforzar las garantías del principio de legalidad en la actuación administrativa y de los ciudadanos, con una Elaboración de Memoria anual; el refuerzo de la Inspección General de Servicios; la aplicación uniforme de la normativa aplicable en materia de licencias, y la promoción de los Servicios municipales de Disciplina Urbanística.

Mucho más mediática fue, cinco años después, la comisión encargada de investigar la tragedia del Madrid Arena. El 1 de noviembre de 2012, cinco chicas jóvenes, una de ellas menor de edad, perdieron la vida durante una macrofiesta de Halloween. En torno a las 3:30 horas, un «embotellamiento» provocó que las víctimas murieran aplastadas. Se habían vendido muchas más entradas de las que permitía el aforo. Y si bien el evento estaba promovido por una empresa privada, Diviertt, lo cierto es que el recinto era de titularidad municipal. «La causa incuestionable de la tragedia del Madrid Arena», decía el dictamen de la Comisión, «ha sido la intolerable e injustificable conducta del promotor del evento, Miguel Ángel Flores, propietario de Diviertt, S.L., al vender entradas que superaban el aforo máximo permitido en el recinto (...) Éste, sin duda, es el desencadenante primero de una tragedia que responde básicamente al mal uso realizado de una instalación que sí estaba preparada para acoger el evento tal y como estaba planificado contractualmente».

En este caso, sí que hay que reconocer que se produjeron cambios. La magnitud de la tragedia provocó un antes y un después en lo que respecta al control de este tipo de eventos: aumentar las inspecciones previas de los edificios municipales por parte de la Policía Municipal; mayor divulgación de las medidas de evacuación antes del comienzo de los espectáculos; prohibir la celebración en recintos municipales de aquellos espectáculos o actuaciones artísticas que superen el aforo sentado y la obligatoriedad de la presencia del SAMUR-Protección Civil en todos los espectáculos y eventos en los que se prevea una gran afluencia de personas, tengan carácter público o privado, siempre que se realicen en edificios y recintos públicos.

Ya en 2017, concluyó una nueva Comisión de Investigación del Ayuntamiento. En este caso, sobre la venta de 1.860 pisos protegidos por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos de inversión, en la etapa en la que Ana Botella era la alcaldesa de la capital. El documento final concluyó que dicha venta incumplió la legalidad y la función básica de la EMVS, aunque finalmente la Justicia vino a demostrar que las acciones emprendidas desde la izquierda contra los ediles del equipo de Ana Botella no tenían base y quedaron absueltos por el Tribunal de Cuentas. La sentencia fue ratificada por el Supremo.

Sin embargo, la justicia no dio la razón a esta comisión, impulsada por la izquierda municipal. De hecho, este pasado febrero, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a los implicados, debido a que no existían suficientes pruebas como para probar que se hubiera cometido ilegalidad alguna.

Por último, en 2018, la cuarta y última comisión tuvo como punto de mira la gestión de Bicimad, el servicio municipal de bicicletas. Quizá, fue la más opaca de todas. Impulsada entonces por el Grupo Municipal Popular para determinar si se produjo alguna irregularidad en la cesión del contrato de Bicimad a la EMT por 10,5 millones de euros, lo que habría supuesto un sobrecoste de tres millones para los bolsillos de los madrileños, la cita acabó convirtiéndose en un fuego cruzado entre Ahora Madrid, partido entonces en el Gobierno, y los «populares». De hecho, el PP interpuso una querella contra Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad, a la que acusó de prevaricación y malversación. La causa terminó archivada.

Poco se sacó en claro de este último precedente, al cual Manuela Carmena, entonces alcaldesa, se negó a acudir pese a ser citada. Algo que no ocurrirá con su sucesor, que ya avanzó que comparecerá.