Madrid vuelve a empuñar las armas contra el Gobierno central. Esta vez por la nueva normativa sobre creación, reconocimiento y acreditación de nuevas universidades aprobada en el último Consejo de Ministros. El decreto endurece los criterios para que una institución pueda llamarse universidad y trata de evitar, según el Gobierno, los «chiringuitos» académicos de los que en su día habló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, refiriéndose a algunas universidades ubicadas en autonomías donde gobierna la derecha, como Madrid y Andalucía. Remató en su día el discurso de descrédito la ministra María Jesús Montero al asegurar que «los médicos que se forman en la privada no ofrecen garantías» trasladando la idea de que en estas universidades se regalan los títulos.

Pero Madrid (con seis universidades públicas y 13 privadas) ve esta normativa como un nuevo torpedo en su línea de flotación universitaria en un momento en el que la región quiere convertirse en el referente de la educación superior en español. Es por esto por lo que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo por el decreto de Universidades del Gobierno central con dos argumentos: «Vulnera las competencias autonómicas y va contra la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra y de empresa».

Ayuso justificó esta decisión amparándose en la idea de que estar al servicio de España «requiere alzar la voz». En opinión de la líder del Ejecutivo madrileño, el decreto es «otra pura arbitrariedad, porque se atacan a la libertad de empresa, a la libertad educativa, a la libertad de expresión, se acaba con la seguridad jurídica, se ataca las competencias legítimas de cada comunidad autónoma, de las autonomías como tal», dijo durante el II Foro Líderes con Propósito, organizado por Vocento.

Recalcó que este nuevo «golpe» a las universidades privadas está hecho «a medida de los nacionalistas, una vez más (...) Aquí la Comunidad de Madrid es especialmente perjudicada, pero no es la única región», avisó.

El nuevo marco normativo introduce varios filtros obligatorios y vinculantes. A partir de su entrada en vigor, ninguna universidad podrá ser autorizada sin un informe positivo de la Aneca o de las agencias autonómicas de calidad, además del dictamen preceptivo de los técnicos ministeriales. Estos informes, que hasta ahora tenían un carácter consultivo, pasan a ser vinculantes, de manera que una valoración negativa impedirá legalmente la creación de un nuevo centro.

Entre las principales novedades figura también el refuerzo de la supervisión de las universidades virtuales. Aquellas que impartan más del 80% de su docencia online serán consideradas de «especiales características» y solo podrán ser autorizadas por las Cortes Generales, con evaluación exclusiva de la Aneca. El Ministerio justifica esta medida por el alcance nacional de su actividad, que trasciende la competencia autonómica. No obstante, se han introducido tres excepciones a petición del Gobierno Vasco: las universidades con lengua cooficial, aquellas con financiación pública autonómica superior al 20% de su presupuesto y las que ya estuvieran creadas antes de la entrada en vigor del decreto.

Además, las universidades deberán tener un mínimo de 4.500 estudiantes oficiales durante los primeros seis años de funcionamiento, coherente con la oferta mínima de diez grados, seis másteres y tres programas de doctorado distribuidos en tres ramas de conocimiento. Este requisito busca evitar la proliferación de campus con estructura insuficiente y plantillas reducidas. Pero lo cierto es que al exigir nuevas áreas de conocimiento, será más difícil rentabilizar la inversión. La investigación también se incorpora como elemento clave. Las universidades, sean públicas o privadas, deberán destinar al menos el 5% de su presupuesto a programas propios de investigación y captar un 2% adicional en convocatorias competitivas, un requisito que deberá cumplirse en cinco años para las ya existentes y en diez para las nuevas. Además, el 60% del profesorado deberá contar con un sexenio positivo y mantener una media de dos publicaciones cada tres años, entre otras medidas.