La Comunidad de Madrid vuelve a exigir a Marlaska solución a la crisis migratoria: "No podemos permitir el coladero de Barajas"

La Comunidad de Madrid quiere que el Gobierno central ponga en marcha de una vez por todas una política migratoria eficaz que frene la crisis migratoria que afecta especialmente a Madrid. Y no solo por el «coladero» de inmigrantes irregulares de todas las edades en que se ha convertido el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, sino por la cantidad de menores no acompañados que llegan a diario a la Comunidad y a los que la Administración autonómica tiene que acoger y que ya representan el doble que el año pasado.

La Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha vuelto a enviar una carta al Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que pide que lleve a cabo acciones planificadas y coordinadas que den respuesta a la crisis migratoria y humanitaria. «No podemos permitir que el aeropuerto de Barajas siga siendo un coladero, provocando, entre otros efectos, un colapso de nuestro sistema de protección de menores, lo que genera que se desborden todos los recursos disponibles tanto en Madrid como en el resto de las regiones. Dávila pide que firme convenios de repatriación con los países de origen y se exija visado de tránsito a los inmigrantes procedentes de zonas calientes de la inmigración irregular en las que actúan las mafias a la par que exige acciones coordinadas que se vean complementadas con un mayor control en los puntos de entrada. En caso contrario, «se estará reaccionando tarde y mal a los resquicios que aprovechan las mafias en su indigno comercio con seres humanos. Por todo ello, le pido que actúe con mayor celeridad y que tome las medidas que sean necesarias para dar respuesta a esta crisis migratoria y humanitaria».

Además, Dávila cree que una crisis migratoria como la que está viviendo España debería tratarse en una Conferencia de Presidentes para que declare la «emergencia migratoria», expone en la misiva.

Al mismo tiempo propone a Marlaska que exija la implicación de la UE para que refuerce Frontex, la Agencia europea del control de fronteras.

Ya el pasado 3 de abril, la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, remitió una carta al Ministro del Interior solicitándole la actuación urgente de su departamento, ya que es el que tiene las competencias en materia de control de fronteras, y del resto de ministerios implicados. Se produjo en un momento en que coincidió con un pico de entrada masiva de personas de manera irregular a través del Aeropuerto de Barajas.

La Consejera alertó al Ministro de que esta inacción y ausencia de control por parte del Gobierno de España «estaba haciendo más vulnerables a estas personas, convirtiendo a nuestro país en la puerta de entrada para las mafias de trata de personas (especialmente mujeres y niños), y poniendo en grave riesgo nuestro sistema de protección de menores».

El Ministro del Interior contestó casi dos meses después asegurando que ya se habían tomado medidas, como la imposición de visado de tránsito a países como Turquía, Kenia, Somalia o Senegal, lo que había permitido aliviar las entradas irregulares. Sin embargo, la Comunidad de Madrid lamenta que el panorama no haya cambiado.

Una situación insostenible

La situación comienza a ser insostenible para la Administración autonómica ya que, en lo que llevamos de año, se ha atendido a 1.293 menores no acompañados, frente a los 1.300 del año pasado, es decir, el doble. Y la mitad de los que están llegando en la actualidad, lo hacen ya por el aeropuerto madrileños: de los 110 menores extranjeros no acompañados que en junio llegaron por primera vez a los centros de acogida madrileños, prácticamente la mitad lo hicieron a través de este aeropuerto, la mayoría procedentes de Mauritania, según la información de la que dispone el Ejecutivo autonómico.

A esto se suma que el año pasado más de 400.000 inmigrantes en situación irregular llegaron a España por el aeropuerto de Barajas, siete veces más que los que lo hicieron por las costas españolas (57.000).

Paralelamente, la situación está siendo denunciada por los sindicatos policiales.