Gobierno y sus socios contra PP y Vox y, al mismo tiempo, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: el Congreso aprobó ayer exigir que el edificio de la Puerta del Sol que actualmente alberga la sede de la Presidencia del Ejecutivo de la dirigente madrileña sea declarado lugar de Memoria Democrática, ya que durante el franquismo acogió las dependencias y calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS).

Ha sido a raíz de una iniciativa presentada por Sumar en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja –en marzo, el grupo parlamentario del PSOE registró otra en el mismo sentido– que ha salido adelante con 19 votos a favor y 18 en contra de PP y Vox. En el texto presentado, los de Yolanda Díaz recuerdan que durante la dictadura la antigua Real Casa de Correos albergó las dependencias de la Brigada General de Información y funcionó como «centro de torturas». Por allí «pasaron miles de personas por motivos políticos y sociales, por luchar por las libertades y la democracia, por sus convicciones religiosas, su orientación sexual o por su mera discrepancia con el régimen».

Así, el Congreso ha aprobado exigir que, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, se coloque una placa con los nombres de las víctimas, acompañadas del de las organizaciones en las que militaban con el objetivo de honrar la memoria de quienes allí «sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por ejercer sus derechos fundamentales, por defender las libertades y la democracia», informa Ep.

Una acción que desde Sumar consideran que sería «un paso más» en la reparación de las víctimas y «homologaría» a la Comunidad de Madrid con otras capitales europeas que han sido escenario de la barbarie del nazismo y del fascismo, donde hay placas o museos que recuerdan a las personas que lucharon por su liberación.

Además, también se ha aprobado promover un acto específico para la «rehabilitación democrática» de una de las personas que fueron torturadas en los calabozos de la DGS, el dirigente comunista Julián Grimau, que fue condenado a muerte y de cuyo fusilamiento se cumplieron 60 años en 2023.

Y por último, la colocación de una placa su memoria, pero en el actual edificio del Senado, en la Calle del Reloj, donde estaba ubicado el Tribunal Militar en el que se le juzgó en un juicio, destacan, «plagado de irregularidades incluso con las leyes franquistas de la época».

El pasado abril, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rechazó la posibilidad de colocar una placa en memoria de los detenidos por el franquismo en la fachada de su sede en la Puerta del Sol. En la red social X, Díaz Ayuso aseguró que «las únicas placas que habrá en la Real Casa de Correos estarán dedicadas a quienes unan al pueblo de Madrid», y citó las distinciones que actualmente decoran la fachada dedicadas a los Héroes del 2 de mayo; a las víctimas del 11-M y quienes las auxiliaron; y a quienes fallecieron en la pandemia, especialmente en soledad.