Madrid alerta de la "tormenta perfecta" que amenaza al sector del taxi y las VTC

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha defendido este lunes que la Comunidad de Madrid acata las decisiones judiciales que obligan a la administración autonómica a conceder 8.500 autorizaciones de VTC a la empresa Cabify, aunque no comparta esta decisión y haya recurrido.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el consejero madrileño ha recordado que hay "cinco autos" en este largo proceso judicial que se prolonga durante años y que obligan a la Comunidad, que, en cualquier caso, agotará la vía judicial al no compartir esta decisión.

"Hemos presentado un recurso de reposición ya por parte de la Comunidad de Madrid y, en el momento procesal oportuno, presentaremos un recurso de casación", ha explicado el consejero que, ha apuntado que, en cualquier caso, "siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la normativa" el juez obliga a entregar las licencias.

"Desde luego, acatamos la sentencia, respetamos la decisión judicial, como no puede ser de otra manera, porque nosotros cumplimos la ley, pero no estamos a favor de esta decisión judicial. Y, por eso, vamos a agotar la vía judicial que tenemos establecida", ha reiterado.

En concreto, la Comunidad de Madrid supeditó la concesión de todas esas licencias a que la empresa acreditase que cuenta con todos los vehículos necesarios para operar todas esas licencias de VTC, algo que Cabify cree que contraviene las resoluciones judiciales.

"Nos preocupa que esas nuevas licencias y las que posiblemente lleguen en un futuro, a través de distintos autos judiciales, pongan en riesgo el sector del taxi. Y eso, por parte del Gobierno regional, no nos parece bien, porque puede haber un detrimento económico a todas esas familias que viven y trabajan del taxi", ha defendido.

Así, el consejero ha recalcado la necesidad de un equilibrio entre ambos sistemas. Actualmente, según ha explicado, en la Comunidad hay más de 16.000 licencias de taxi y alrededor de 9.000 de VTC, unas cifras que representan "un equilibrio entre las dos fórmulas de transporte público y que, desde luego, están dando cobertura a toda la población".

"VTC, sí", ha dicho Rodrigo, y, al mismo tiempo, "taxi, también". "Lo que queremos buscar es un equilibrio entre la oferta y la demanda, pero la Comunidad de Madrid, en este caso, se ve obligada a acatar ese mandato judicial, a pesar de no compartirlo", ha subrayado.

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) convocado una marcha este martes por esta decisión. Según denunció recientemente, tras una proceso de fiscalización, ha detectado "irregularidades que dejan al descubierto las "trampas" de la conocida empresa de VTC en la presentación de la documentación requerida".

Por su lado, Cabify incide en que las 8.500 nuevas licencias que la Comunidad de Madrid le otorgará para operar el servicio de VTC son fruto de resoluciones judiciales que han dado la razón a la empresa.

"Estas 8.500 licencias nos las han concedido los tribunales. En España nos gusta cumplir las sentencias judiciales", añade la compañía con sede en Estonia.

Largo proceso judicial

Cabify pidió un paquete de autorizaciones el 20 de abril de 2018, justo un día antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy hiciera entrar en vigor un decreto que limitaba la ratio de VTC a solo una por cada 30 de taxi. No obstante, Madrid las denegó aplicando ese criterio, algo que la compañía recurrió y llegó al Supremo, donde se dio la razón a la empresa.

Sin embargo, el Gobierno central actual también aprobó una ley en junio de 2023 para otorgar a las comunidades autónomas y ayuntamientos una serie de herramientas para limitar las autorizaciones de licencias VTC con arreglo a motivos medioambientales y gestión del tráfico en las ciudades, después de que la justicia europea tumbase la ratio 1/30 pero dejase la puerta abierta a restringir nuevas licencias por esos dos motivos.

En julio de 2024, la Comunidad de Madrid volvió a denegar todas las solicitudes y Cabify recurrió a la Justicia, teniendo como resultado nuevas resoluciones que le volvieron a dar la razón y le confirieron su derecho a recibir las autorizaciones.