Justicia

Madrid critica la reforma del acceso a la carrera judicial: “Pretende dinamitar los principios de mérito y capacidad”

Cree que responde a “un nuevo intento de socavar el Poder Judicial”

Consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García
Consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel GarcíaEuropa Press

Madrid ha puesto en solfa el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal aprobado ayer por el Consejo de Ministros. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha expresado su “profunda preocupación” tras la aprobación de la norma que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal. A juicio del Ejecutivo madrileño, la norma representa “un nuevo intento de socavar el Poder Judicial”.

Según García, la ley, que se presenta como una medida para democratizar el acceso a la judicatura, en realidad “dinamita los principios de mérito y capacidad”. El consejero ha denunciado que la nueva normativa introduce “procedimientos extraordinarios de estabilización” que afectarán a jueces sustitutos y fiscales interinos, lo que, en su opinión, compromete la calidad y la independencia del sistema judicial.

Uno de los aspectos más criticados por el Gobierno regional es el nuevo modelo de financiación de las asociaciones judiciales, que, según García, verá mermada su capacidad económica. Además, ha denunciado que la ley permite una mayor intervención política en la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que a partir de ahora el Congreso y el Senado también participarán en el nombramiento de vocales, hasta ahora reservado exclusivamente al CGPJ.

“El proyecto de ley aprobado ayer no responde a una necesidad real del sistema judicial, sino que es un paso más hacia su debilitamiento”, ha sentenciado. García también ha alertado sobre otro acuerdo: la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal. Según el consejero, esta iniciativa se presenta como un intento de fortalecer la autonomía de la institución, pero en realidad persigue “dar un paso más para que el Ministerio Fiscal asuma la instrucción de procedimientos penales”.

“En el contexto actual, con un fiscal general del Estado imputado y una Fiscalía que actúa al servicio del Gobierno central, esto no puede sino generar mayor inquietud”, ha sentenciado.