Madrid, contra el «secuestro» de la Ley Antiokupación

Son muchos los frentes que tiene abiertos el Gobierno madrileño con el Ejecutivo central, pero si hay un asunto que preocupa en estos momentos es el de la okupación ilegal y la falta de una regulación que frene el problema que afecta de lleno no solo a particulares de la región, sino también a la Comunidad de Madrid como propietaria de viviendas sociales.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, puso ayer el foco en este asunto y, en concreto, sobre el «secuestro» por parte del PSOE en el Congreso de la ley respaldada por el PP durante año y medio, con ampliaciones del margen de tiempo para presentar enmiendas. «Ha habido hasta 54 ampliaciones del plazo para presentar enmiendas» y lo peor es que hoy, cuando concluye el último plazo para la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, puede que se vuelva a prorrogar.

«Es el año y medio en el que el Gobierno de Sánchez se sitúa del lado de los okupas y ningunea a las familias que sufren esta lacra. Necesitamos una ley que agilice los desalojos y endurezca las penas del Código Penal en casos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles», exigió en declaraciones a LA RAZÓN.

Rodrigo asegura, por su experiencia, que no hay exageración en su reivindicación en base a los testimonios que en numerosas ocasiones ha escuchado de quienes han visto okupada su vivienda y han tenido que esperar años para recuperarla. «Este Gobierno regional está del lado de quienes cumplen la ley. Estamos del lado de los vecinos que sufren esta plaga. Estamos del lado de las familias que han trabajado toda su vida para tener una vivienda y que ahora temen ponerla en alquiler o dejarla vacía unos días por miedo a perderla».

El consejero madrileño se defendió de quienes le acusan de criminalizar la ocupación. «¿No es una forma de crueldad permitir que las mafias se aprovechen de los más vulnerables para su beneficio?».

Y fue más allá al culpar de «falta de responsabilidad» del Gobierno central en lo que afecta a este asunto. Por eso ha pedido al Gobierno central que «defienda la Constitución; que no siga legislando desde el sectarismo ideológico; que escuche a las Comunidades autónomas; que ponga freno a las prórrogas indiscriminadas de decretos que han dejado de tener sentido; que actúe contra las mafias de forma coordinada; y que asuma, de una vez por todas, que el derecho a la vivienda no es el derecho a ocupar la ajena».

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha sido muy crítica con la okupación, al que considera «una lacra» que deteriora barrios enteros y genera sufrimiento. «Esto va de delitos, pero también de derechos fundamentales». También ha exigido la modificación de leyes que impiden a los jueces ordenar el desalojo inmediato de los okupas. Y si bien la Comunidad de Madrid no tiene competencias plenas en esta materia, sí ha impulsado algunas medidas legales y de apoyo a las víctimas para tratar de atenuar el problema. Así, se ha firmado un acuerdo con el Colegio de Abogados y Procuradores para ofrecer asesoramiento jurídico y representación a las víctimas de la okupación. Además, las víctimas pueden acceder a ayuda emocional a través de la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) y se ha creado un canal específico para atender casos de okupación, complementario al 112, que ha recibido ya miles de llamadas desde su puesta en marcha. Estas medidas, si bien no resuelven un problema que está en manos del Gobierno central, se cree que han logrado atenuar el problema de la okupación en la Comunidad de Madrid, a la vista de los datos sobre ocupación ilegal de viviendas en España durante 2024, publicados por el Ministerio del Interior, los últimos disponibles. De hecho, las cifras dibujan un panorama de contrastes entre comunidades autónomas. Así, podemos ver que mientras en Cataluña el problema se ha agravado, Madrid ha logrado frenarlo y reducir incluso el número de casos.

En el último año, el número total de denuncias por ocupación en España aumentó un 7,4%, alcanzando las 16.426. Sin embargo, este crecimiento no es homogéneo. Cataluña, con 7.009 denuncias, concentra el 42,67% del total nacional y experimentó un alarmante incremento del 12% respecto a 2023. En el extremo contrario, la Comunidad de Madrid registró 1.451 denuncias, un 4,3% menos que el año anterior, lo que representa solo el 8,83% del total nacional. Esta cifra es casi cinco veces inferior a la de Cataluña.

La brecha entre ambas comunidades es más evidente cuando se observa su evolución. Madrid consolida una tendencia a la baja, mientras Cataluña ve cómo el problema se acelera.

En Madrid, la agilización de los desahucios por impago de alquiler y una mayor presencia policial están surtiendo efecto. De hecho, los datos de desahucios (lanzamientos) refuerzan esta tesis: en Madrid, casi el 90% se deben a impago de alquiler.