Menos multas en Madrid, pero cada vez más caras y de mayor gravedad

El informe AEA sobre las multas de tráfico interpuestas en Madrid, en el primer semestre del año, refleja el descenso del volumen de estas infracciones, aunque también el incremento de la cuantía económica reclamada a los conductores. Si bien ha disminuido un 3,25% el número de denuncias respecto de las formuladas en el mismo periodo del año anterior (1.373.147 frente a 1.419.372) el importe de las sanciones a cobrar ha aumentado un 6,6%, alcanzando una cifra récord de 179.302.890 €.

Según Automovilistas Europeos Aosciados, este sorprendente comportamiento estadístico «se debe al incremento del 122% en la penalización económica por el acceso inadecuado a las Zonas de Bajas Emisiones. Dicho importe ha ascendido en el último año de 90€ hasta los 200€.

De hecho, una de las conclusiones más relevantes de este informe refleja que la mayoría de multas registradas por el Ayuntamiento de Madrid no comprometen directamente la seguridad vial, sino la movilidad, ya que el 44,6% de las denuncias formuladas se refieren a estacionamientos (612.593 denuncias) y el 26,9% son por acceder sin autorización a las zonas de bajas emisiones (370.552): Distrito Centro, Plaza Elíptica y al interior de la M-30 y la propia M-30. Sin embargo, precisamente han sido las infracciones que comprometen la seguridad las que más se han incrementado, así como exceso de velocidad (27,4%); consumo de alcohol o drogas (48,6%); uso del móvil (22,8%); o no utilizar el cinturón (17,9%).

En concreto, respecto a las denuncias formulas por exceso de velocidad, el informe de AEA señala que los radares municipales formularon un 27,4% más de denuncias que en el mismo periodo del año anterior (292.870 frente a 229.765), siendo el radar situado en el km. 4.150 de la M-30 el más activo, con 31.679 denuncias. Para estos Asociados también resulta llamativo el importante incremento de la actividad que ha experimentado el radar situado en la A-6/Av. Puerta de Hierro, a la altura del Museo del Traje, que ha multiplicado por ocho el número de denuncias formuladas. Al igual, también destacan la elevada concentración de las infracciones de velocidad registradas por radares. La M-30 sigue siendo la vía que contabiliza el mayor número de infracciones por velocidad, con 137.732 denuncias (casi la mitad del total), siendo el radar situado en su kilómetro 4,150 el que ostenta el récord de denuncias (31.679).

Relacionado con el tipo de infracción cometida en la capital, el estudio revela que han aumentado los conductores madrileños que pierden puntos, pasando de 85.339 denuncias con detracción de puntos en el primer semestre de 2022, a 89.574 en 2023. AEA explica que este incremento de denuncias con detracción de puntos se ha debido fundamentalmente a las infracciones cometidas por excesos de velocidad, alcohol y drogas, si bien el sistema automatizado de detección de infracciones a semáforos foto-rojo aún habiendo captado un 15,1% menos de infracciones, sigue siendo la más frecuente por la que los madrileños pierden sus puntos (55.933 denuncias).

Respecto a la cuantía de las multas, el informe revela que en el primer semestre de 2023 el Ayuntamiento de Madrid aumentó el importe medio de las multas impuestas en 12 €, pasando de 118 € a 130 €, «y ello se ha debido fundamentalmente -señala el informe- al aumento de la comisión de infracciones graves y muy graves, y muy especialmente al incremento en la cuantía de las multas por acceder a la Zonas de Bajas Emisiones de Distrito Centro».

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, «el Ayuntamiento de Madrid tendría que analizar por qué respecto a este tipo de multas en lugar de disminuir los accesos prohibidos a la ZBE Distrito Centro, estos aumentan y por qué la mitad de dichas infracciones se concentran en cinco puntos concretos de la capital». «En nuestra opinión -concluye Arnaldo- el Ayuntamiento de Madrid está convirtiendo las multas de tráfico en un impuesto más y ha creado, bajo la bandera de la movilidad y la seguridad vial, una maquinaria sancionadora que no respeta las garantías jurídicas de los ciudadanos y tampoco consigue reducir la indisciplina viaria».