Reducir la jornada laboral en Madrid costará 4.000 millones

La Comunidad de Madrid no ve con buenos ojos la reducción de la jornada laboral. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha manifestado la «profunda preocupación» del Ejecutivo autonómico ante la inminente aprobación, por parte del Gobierno central, del anteproyecto de ley que lo regula por la vía de urgencia. Son varios los argumentos que ofrece: para empezar, cree que se está impulsando sin el necesario consenso con los representantes de las empresas y los autónomos, quienes, «tendrán que sostener esta reforma en nuestro país», dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

A todo esto añade que la legislación vigente ya permite a los agentes sociales negociar reducciones de jornada por medio de la negociación colectiva, tomando como referencia el actual máximo legal de 40 horas semanales de promedio. Además, un informe de la Consejería de Economía revela que en España ya existen 1.186 pequeños colectivos con jornadas inferiores a las 37,5 horas semanales, lo que implica que más de 10 millones de trabajadores trabajan menos de 39,5 horas semanales.

Para el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, la aprobación de esta reforma supondrá una «carga excesiva» para las pequeñas y medianas empresas, los microempresarios y los trabajadores autónomos, que representan más del 95 % del tejido productivo del país. «No solo no generará empleo, sino que pondrá en riesgo muchas actividades y negocios hasta ahora viables, destruyendo puestos de trabajo», advirtió García Martín.

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo madrileño es el impacto económico de la medida. Según datos de Cepyme, la reducción de la jornada laboral podría suponer un coste de 42.400 millones de euros para las empresas españolas. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Economía estima que solo los sectores del comercio y la hostelería afrontarían un coste anual de 2.635 millones de euros, dos de los sectores más perjudicados. Si se amplía la perspectiva a todos los afectados, el impacto económico alcanzaría los 4.000 millones de euros, lo que equivale al 1,38 % del PIB de la región, según las cuentas del consejero.

Desde el Gobierno madrileño también han alertado de la inseguridad jurídica que generará la reforma. Según explicó García, su aprobación provocará un vacío legal que requerirá un desarrollo reglamentario posterior para adaptar la medida a los convenios que actualmente establecen jornadas superiores a las 36,5 horas semanales.

Asimismo, García Martín acusó al Ejecutivo central de impulsar esta reforma «por mero tacticismo político» y sin un análisis serio de sus efectos sobre la economía, la competitividad empresarial y el empleo. «No se puede tomar una decisión de este calado sin consenso con los interlocutores sociales ni sin un estudio de impacto real. Es una irresponsabilidad que solo busca tapar escándalos y dar oxígeno a una formación como Sumar en horas bajas». Es por esto por lo que «el país no puede permanecer más tiempo en manos de quienes tratan con frivolidad el tejido productivo y laboral», sentenció.