Los universitarios latinos pagarán hasta un 85% menos por matrícula

Desde su consejería de Educación, las Comunidad de Madrid concentrará sus esfuerzos en ofrecer mayores garantías a todo tipo de alumnos, independientemente del tipo de formación por la que apuesten. Así, han anunciado el desarrollo de una Ley Maestra de Formación Profesional que «proteja a los estudiantes de los déficits» de la regulación nacional. Pero sobre todo, esta aportación va enfocada a mejorar la inserción en el mercado laboral, ya que según traslada la consejería, la actual Ley Orgánica permite que las empresas reciban estudiantes sin los adecuados conocimientos básicos.

Por este motivo muchas compañías estarían dejando de participar en las bolsas y programas de empleo de Formación Profesional. Porque, aunque desde la Comunidad insisten en que esta Ley se centrará en proteger al alumno, para ello resultaría imprescindible favorecer el trabajo de los centros formativos y las empresas que participen en su desarrollo profesional. Por ello, valoran como negativa la incorporación de matrículas abiertas o flexibles que no permiten establecer cursos organizados en los que todos los alumnos vayan al mismo ritmo. Esta nueva ley también tratará de reducir las trabas que sufren los centros privados, obligados a estar adscritos a centros públicos para tramitar documentación.

Además, la Comunidad desarrollará un programa pionero de mentores y orientadores de Formación Profesional. Esta iniciativa ayudaría a consolidar el papel protagonista de la FP en el mercado laboral. Así asesorarán profesionalmente a 170.000 estudiantes. El programa piloto contará con la participación de 20 centros públicos, distribuidos por toda la región.

Pero el proyecto más ambicioso para esta nueva legislatura es el de consolidar Madrid como la capital de los estudios en habla hispana. Se busca seguir atrayendo y favoreciendo la llegada de estudiantes de todas partes de Latinoamérica. Con este objetivo, se modificará el Decreto de Precios Públicos para los alumnos procedentes de estos países, equiparando sus tasas a las de cualquier estudiante procedente de la Unión Europea y España. Este cambio supondrá la reducción de su inversión en matrículas en hasta un 85%, significando una rebaja de casi 7.000 euros en titulaciones como Medicina. Hasta ahora pagaban hasta siete veces más que los locales y europeos. Dicha medida también se aplicará a los másters habilitantes. Sin embargo, esta modificación no supondrá pérdidas para las universidades, ya que la Comunidad asumirá la reducción del precio. Esta iniciativa podría beneficiar a 2.800 estudiantes de Colombia, Perú, Ecuador, México y Chile, principalmente.

En cuestión de la salud y el bienestar de los alumnos, la Comunidad reforzará los mecanismos para prevenir adicciones, trastornos y demás problemas de salud en edades tempranas. Para ello, pone en marcha un programa de charlas de educación social y sanitaria desde quinto de primaria hasta Formación Profesional. Estas sesiones serán impartidas por profesionales sanitarios, siguiendo los criterios previamente establecidos por la Consejería. Esta iniciativa persigue el fin de facilitar a alumnos, familias y centros información fehaciente y libre de ideología para dotarles de herramientas para afrontar crisis de salud mental u otros problemas. De esta forma, la Comunidad se ofrece como apoyo, en colaboración también con su Consejería de Sanidad y de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. El Gobierno regional despliega así todos los recursos para la protección de los menores, ya que intervienen hasta tres consejerías distintas. A lo largo del presente curso, las consejerías desarrollarán guías que definan tanto el contenido que se deberá impartir, así como la metodología de las charlas. Estas lecciones se adaptarán a cada tramo de edad o ciclo formativo, para garantizar su utilidad.