El nuevo sistema de registro de los perros que está preparando la Dirección General de Derechos de los Animales unificará de una vez por todas los 19 registros animales que existen en nuestro país y mostrará en el chip la trazabilidad completa de la vida del animal, “desde su nacimiento hasta su muerte, con todos sus registros de vacunas, cambios de propietarios o lugar de residencia”, según publica la revista LADRIDOS.

El objetivo de este nuevo método es, además de unificar los criterios de control de los animales en todo el territorio nacional, poner fin a los fraudes o la cría ilegal ya que “establecerá un seguimiento mayor de los animales y una reducción considerable de ventas irregulares, cría clandestina y abandonos, y aumentará el control sanitario”, ha indicado Sergio Garcia, director general de la Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Esta actuación se enmarca dentro de la nueva Ley Integral de Protección Animal que prepara el Gobierno para “reducir el abandono de animales” y “eliminar la sensación de impunidad que hay ante el maltrato a los animales” y que estará lista dentro de unos meses, según ha anunciado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales en el Senado.

Hasta ahora el sistema de los chips animales, aunque necesario, presenta graves deficiencias como no estar interconectado entre las diferentes comunidades autónomas, o incluir muy pocos datos y muchas veces desactualizados como el nombre y la dirección del propietario, la fecha de nacimiento del perro y un teléfono de contacto.

Este es uno de los objetivos que se ha marcado como prioritario la DG después de comprobar que todos los sectores implicados coinciden en que es necesario hacer una reforma del sistema. “Desde la DG de Derechos de los Animales estamos trabajando con expertos, colectivos veterinarios, asociaciones caninas, cuerpos de seguridad del Estado y demás implicados en la necesidad de mejorar la gestión de la identificación de animales para crear un registro unificado, donde estén recopilados en tiempo real todos los animales inscritos en los 19 registros de nuestro país”, matiza Sergio García.

El nuevo registro ya no solo se limitará, como hasta ahora en muchas comunidades, a un nombre y un teléfono de contacto, sino que obligatoriamente deberá registrar todos los datos de la vida del perro: su nacimiento, su procedencia, los datos de sus padres, quién lo compra y quién lo vende, todo su historial sanitario con vacunas obligatorias o no, los cambios de propietario a lo largo de su vida, la residencia actual y desde su nacimiento, cada vez que críe con el número de cachorros por camada y sus datos, incluso podría incluir todas las operaciones quirúrgicas o tratamientos a los que se haya sometido como castración en machos o esterilización en hembras.

El nuevo registro que se va a implantar en España, dentro del poco margen que tiene la Dirección de los Derechos de los Animales, ya que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, no tiene por qué sustituir a los que ahora existen, sino que será como un sistema de ámbito estatal que servirá de paraguas de esos registros. El objetivo de la nueva Dirección General es que sea como un marco que luego se tendrá que desarrollar más, y muchas veces por las comunidades autónomas”.

Este nuevo sistema también pretende acabar con los fraudes en los microchips, como el destapado por este periódico en la Región de Murcia donde el SEPRONA ha detectado casi 7.000 dispositivos irregulares en perros en el que hay tres veterinarias investigadas según señaló a LA RAZÓN el responsable del Seprona en la Región, José Antonio Fernández.

Según precisó Iglesias en el Senado, con esta Ley de Protección Animal también se dotará a las administraciones locales y autonómicas y a las Fuerzas de Seguridad de mecanismos para avanzar en eliminar “esta lacra” del maltrato y el abandono de animales”.

Durante la crisis del coronavirus, la Dirección General de Derechos de los Animales ha trabajado de manera transversal con el resto de departamentos ministeriales para que las personas que dedican su tiempo y recursos a cuidar a sus animales “hayan tenido la cobertura legal para seguir realizando esta tarea”.

Además, Iglesias ha destacado que han trabajado en coordinación con los colegios de veterinarios, entidades de protección, asociaciones y profesionales del sector privado “para que no se viera mermada la atención y el cuidado de animales” durante el estado de alarma.