El debate sobre el glifosato ha vuelto a reabrirse. La actual autorización para su uso en el campo europeo caduca en diciembre de 2022 y, aunque parece que quedan muchos meses, el tema se está caldeando. Esta misma semana, el Parlamento Europeo aprobaba la resolución de la «Estrategia sobre la biodiversidad» para 2030. «Los eurodiputados se oponen a renovar la aprobación del glifosato e insisten en pedir que la iniciativa de la UE sobre los polinizadores se revise urgentemente para detener su declive... ya que son cruciales para el medio ambiente y la seguridad alimentaria», explica la Oficina Española del Parlamento Europeo.

Por su parte, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) tienen previsto emitir una nueva evaluación a finales de verano sobre la seguridad y la conveniencia de volver a dar vía libre a este controvertido herbicida.

Nueva porque la última vez que se renovó su licencia de uso fue en 2017. El proceso fue duro y polémico; la UE prorrogó su utilización solo cinco años y no quince como venía siendo habitual y usó como base dos evaluaciones positivas tanto de la EFSA como de la ECHA. Ambas afirmaban que el glifosato no mostraba «propiedades carcinogénicas y no tiene efecto tóxico sobre la fertilidad».

Sin embargo, ya entonces, organizaciones contrarias al uso de este herbicida argumentaron que las evaluaciones se habían basado principalmente en informes de la industria; estudios patrocinados y no concluyentes. Este mismo mes ha sido la Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, la Agricultura y el Turismo quien recordaba este particular. «La demanda de prohibición está impulsada por la creciente evidencia de toxicidad para la salud humana, así como sus efectos nocivos sobre la biodiversidad, el medio ambiente y ecosistemas», recuerda el organismo, que aprovecha para insistir en que la evaluación científica que se espera se base solo en estudios independientes que incorporen la revisión por pares.

¿ES INOCUO O PELIGROSO?

El glifosato ha sido protagonista de agrias discusiones políticas y encontronazos científicos durante décadas. Este herbicida fue introducido en el campo por la multinacional estadounidense Monsanto en 1974. Se utiliza para suprimirlas llamadas malas hierbas tanto en las explotaciones agrarias como para evitar el crecimiento de maleza en los jardines y rutas de transporte. A día de hoy lo producen más de 100 fabricantes, la mitad de las cuales son chinos, y representa el 33% de las ventas totales de herbicidas. El secreto de su éxito: su bajo coste. En 1993, tanto la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificaron este herbicida como de baja toxicidad. Sin embargo, en 2015 la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS lo clasificó como «probablemente cancerígeno para los seres humanos». Según IARC, la exposición al glifosato causaba daño en células humanas, entre otras cosas.

Los estudios son contradictorios y las decisiones políticas también. Tras su aprobación en Europa en 2017, Francia decidió desobedecer el mandato de la Comisión. Nada más llegar a poder, Macron prometió no usar más el glifosato a partir de 2021 y, sin embargo, la propuesta se ha diluido en el tiempo. «También ha habido ayuntamientos como el de Valencia, Castellón o Sevilla que prohibieron su uso en parques y jardines. La alternativa ha sido desbrozar y quitar las malas hierbas a mano, pero esto no es tan efectivo. Eso ha llevado a que consistorios como Sevilla y Zaragoza hayan vuelto a autorizarlo. No se puede llenar todo de malas hierbas. Si no es el glifosato será otro ,pero el uso de herbicidas es necesario. Creo que se volverá a autorizar. El glifosato inhibe una ruta metabólica que solo están en las plantas, lo que hace que su toxicidad sea menor que la de la cafeína o la aspirina», dice José Miguel Mulet, investigador del instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas del CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia.

También es curioso que a pesar de las autorizaciones, sigan llegando condenas a Monsanto por su marca Roundup. Una corte de apelaciones de California confirmó el pasado viernes la condena a la firma en el proceso iniciado por un jubilado enfermo de cáncer. Monsanto tendrá que pagarle 25 millones de dólares por daños, cuenta AFP.

El nuevo proceso de renovación en Europa promete ser tan largo y controvertido como la última vez. Ya en 2019 se iniciaba el trámite de solicitud de renovación. La Comisión encargaba entonces a cuatro Estados miembros( Francia, Hungría, el Holanda y Suecia ), que actuaran como relatores para la próxima evaluación del glifosato. Por otro lado, el grupo para la Renovación del Glifosato en la UE (GRG), del que forma parte Bayer (actual propietaria de Monsanto), presentaba hace unas semanas un dossier a las autoridades competentes con datos científicos que respaldan que «el glifosato no supone un riesgo para la salud humana y el medio ambiente». A todo esto hay que sumarle el nuevo dictamen que se espera de la EFSA y la ECHA, la posición hecha pública por Parlamento, que va en contra del glifosato y la Estrategia «De la Granja a la Mesa», donde se insta a reducir en un 50% el uso de fitosanitarios en el campo.

En este sentido las posiciones de agricultores y grupos con ser vacio ni st as son contrarias. «Nuestra posición es que mientras no esté demostrado que es perjudicial se puede seguir usando. Los fitosanitarios son los medicamentos que usamos para las plantas y contar con otros productos supondría multiplicar hasta por siete el gasto de los agricultores», explica Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. «Hay que prohibirlo. La agricultura industrial necesita un cambio. De hecho, una de las líneas del Green Deal es el aumento de la agricultura ecológica, que no utiliza estos productos. Es la demostración de que se puede producir sin ellos, pero lo intereses de la industria van por otro lado. En 2017 costó mucho su aprobación, por lo que somos optimistas con la idea de que no se renueve su autorización», afirma Luis Ferreirim, responsable de Agricultura de Greenpeace.

En lo que sí están de acuerdo es en que «no tiene sentido que se prohiba aquí, pero se incentive su uso en otros lugares desde donde luego se importa. No puede haber un doble rasero», concluyen desde Greenpeace.