Las renovables se enfrentan al rechazo social

Escribía Elvira Lindo hace unos días en su columna que «el movimiento verde se ha transformado en sustantivo por las posibilidades de negocio que ofrece». Mencionaba la escritora el parque eólico del Maestrazgo, cuya construcción se ha aprobado este verano y que se ha convertido en el macroproyecto renovable con más potencia de España. Hay dos forma de describir cómo será según a quien se le pregunte. Los promotores cuentan que se producirán 1.986 GWh de electricidad al año y se cubrirá el consumo de 570.000 hogares. Los detractores, que supone la construcción de 125 aerogeneradores de unos 200 metros de altura que, en algunos casos estará cerca o afectarán directamente a zonas protegidas de la Red Natura 2000 o Zonas de Especial Protección para la Avifauna (aquí residen especies amenazadas como el águila imperial o el quebrantahuesos). «Son un total de 25 parques. Dicen que ocupan poco porque solo cuentan la base del terreno, pero es que además hay que hacer caminos porque esto es bosque cerrado. Las vías de evacuación, además, deben tener 20 metros a cada lado libre por seguridad. Todo en una comarca de gran biodiversidad», asegura Mariano Tomás, portavoz de Energía y Medio Ambiente del Movimiento Teruel Existe.

La visión es tan dispar que hasta hay discrepancia en el número de árboles que se van a cortar. Mientras el fondo de inversiones danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) afirma que la cifra de árboles que tiene que cortar es de 98.000, desde «Teruel Existe insistimos en que nuestra cifra, de dos millones de árboles no es inventada. La hemos obtenido de las informaciones que nos han trasladado varias empresas madereras de la zona que han recibido peticiones de presupuesto del fondo para talar dos millones de árboles. Lo llamativo es que como en la Declaración de Impacto Ambiental no se especifica número, cada cual puede decir lo que quiera», continúa Tomás. El técnico, además, hace hincapié en el cableado, en algunos casos de más de 200 km que se necesita para llevar la energía producida «hasta Cataluña, País Vasco, Valencia o Madrid. La cuarta parte de la población vive en ese cuadrante y Aragón está en posición central. Otra cosa que se está denunciando es que no hay continuidad. Una misma empresa fracciona los proyectos que presenta para que cada uno pase su propia DIA. Se está haciendo fraude fragmentando los parques eólicos».

Lo cierto es que el proyecto superó en 2022 la tramitación de su declaración de impacto ambiental, algo que llama la atención de esta organización que duda de cómo es posible. «A pesar del apoyo de varios alcaldes a la construcción, pensábamos que el Ministerio de Transición Ecológica iba a ser más estricto y, sin embargo, ha aprobado el proyecto. Necesitamos regulación nacional y autonómica para planificar en qué terrenos se aprueban los parques. El mismo Miteco cuenta con mapas de zonas de sensibilidad ambiental máxima, sin embargo, en este proyecto hay muchos aerogeneradores que están al lado», concluye el portavoz de Teruel Existe, quien además hace compara la velocidad con la que se aprueban estas instalaciones frente a otras más pequeñas como las comunidades energéticas: «hay pendientes de aprobación un centenar solo en Aragón y algunas han tardado hasta ocho años en contra con el visto bueno».

Mapas que no se usan

Maestrazgo es ahora mismo el mayor clúster de España y ejemplo de un debate que está encima de la mesa desde hace unos años: la integración de las renovables en el territorio, más ahora que el gobierno español acaba de enviar a Bruselas su nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que promete otros 28 GW eólicos en seis años (hasta alcanzar los 59.000 MW totales en España). ¿Más molinos? ¿Dónde? Solo en Aragón, dicen desde Teruel Existe se produce ya un 170% de la energía que consumen («les sobra energía», dice Tomás); cumplen con los objetivos de la UE y aún así hay el doble de proyectos en tramitación de los que ya existen. «Aragón es la región que más proyectos acumulados tiene. Estamos rondando los 33.000 MW con lo que hay proyectado, con esto se podría abastecer el consumo de España un día entero».

Desde la Asociación Empresarial Eólica, Juan Virgilio, director general de la entidad aclara: «Se han autorizado 12.000 MW, pero al mismo tiempo se han parado otros 12.000 MW, muchos de ellos en Aragón. Se han descartado la mitad de los proyectos presentados. Los procesos de tramitación son muy exigentes, también a nivel ambiental, y si se autoriza su construcción es porque han cumplido la normativa. Puede preocupar un parque en un zona determinada, generalmente en territorios donde hasta ahora no ha habido eólica, pero la experiencia de los 1.200 municipios que sí cuentan con esas instalaciones en España es que ninguno está en contra y lo ven como beneficioso. Es normal que las renovables abran el debate ahora donde hasta ahora no ha habido eólica. El Pniec es ambicioso pero es necesario para cumplir los objetivos de descarbonización de Europa. Las renovables van a seguir creciendo y para eso se necesita responsabilidad y diálogo».

Hay una palabra que ha aparecido con frecuencia durante las entrevistas realizadas para este reportaje: planificación. «La planificación la están decidiendo las empresas, de forma descoordinada entre ellas y con interés privado y económico. Esto nos preocupa porque aunque los DIA sean necesarios y se autoricen, vemos que seguimos perdiendo biodiversidad», comenta Juan Carlos Atienza, responsable de Gobernanza Ambiental en SEO/BirdLife. La organización trabaja en lo que ellos llaman «renovables responsables» desde la instalación en los 90 de los primeros parques eólicos en Tarifa y desde entonces hacen estudios y asesoran para que la afectación a las aves y la fauna sea la menor posible. Han desarrollado su propio mapa donde están marcadas las zonas de sensibilidad ambiental del territorio y confirman que el Miteco cuenta con el suyo propio. «La ley de Cambio Climático considera que los proyectos los tiene que tener en cuenta así como zonas de exclusión, pero no lo han hecho vinculante». Por otra parte tiene que haber una buena participación pública que vaya más allá de las alegaciones escritas que se pueden presentar después de la publicación en el BOE de la autorización que no lee nadie o al que hay que estar atento. Una buena comunicación previa en estos temas es fundamental; ninguna empresa tiene interés deliberado en extinguir especies».

Desde la Fundación Ecodes Mariano Rodríguez (director asociado de Transición Justa y Alianzas Globales) alude a otro punto: la necesidad de crear riqueza para los territorios tanto si se instalan renovables como si se conservan con figuras de protección medioambiental: «Si se decide que una zona hay que protegerla habría que pagar por ello, por eso hablamos de retorno cuando se instale y cuando se proteja. En Teruel muchos alcaldes están a favor del proyecto eólico y es que muchas instalaciones se hacen en zonas abandonadas que no tienen servicios básicos y a los que se promete una entrada de dinero, pero eso es obligación de las CC AA y el Estado. Estas zonas deberían recibir dinero por los servicios ecosistémicos de sus zonas protegidas. Además, el 20% del territorio en España está catalogado como de bajo impacto, ¿por qué tenemos que impactar en zonas ya catalogadas como sensibles y protegidas»», dice.

Hace tiempo la fundación publicó un informe donde recoge casos de buenas prácticas en la integración de renovables en el territorio porque, dice Rodríguez, no están «en contra de los grandes parques, todo depende del dónde. Además, apostamos por un modelo diverso con instalaciones de diferentes tamaños. El de Muras (Lugo) es un ejemplo paradigmático. Esta localidad fue protagonista de los desarrollos eólicos de los 80, al principio todo se hizo mal, pero el Ayuntamiento recondujo la situación y los ingresos se han aprovechado para bajar la factura de la luz de los vecinos o para depuración».