«Varapalo» a la izquierda: No hay cohecho en el pacto que tumbó la moción de censura de Murcia

La Fiscalía del Supremo pide el archivo de la denuncia y considera innecesario citar a declarar a los implicados

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López MirasEuropa Press Europa Press

«El Tribunal Supremo da un varapalo a la izquierda radical que trataba de deslegitimar al Gobierno de López Miras». Así lo expresó ayer el secretario general del PPRM, José Miguel Luengo, tras conocer que la Fiscalía ha propuesto el archivo de la denuncia presentada por Podemos por un presunto cohecho en la frustrada moción de censura del pasado mes de marzo contra el Gobierno de la Región de Murcia.

Una situación que se da después de que el fiscal de sala jefe de la Sección Penal, Javier Zaragoza, no considere que exista delito alguno en los acuerdos de formación de Gobierno tras la moción de censura. «Confirma la inocencia de Teodoro García Egea, al que se le acusó injusta y falsamente», incidió Luengo.

Asimismo, el secretario general remarcó que esta resolución «se suma al gran cajón de denuncias falsas y sin fundamento con las que la izquierda ha querido derrocar al PP, al no conseguirlo lícitamente en las urnas».

Cabe recordar que Podemos denunció a los tres diputados de Ciudadanos (Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez) que, en contra de lo acordado por la dirección del partido en la Región, votaron contra la moción, pero también al exsecretario de Organización de ese partido Fran Hervías y al secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Zaragoza considera que los hechos descritos en la denuncia «carecen de relevancia penal» dado que el nombramiento de dos de los diputados de Cs en dos de las Consejerías del Gobierno «no puede considerarse como una ilícita recompensa».

Además, considera que no resulta procedente practicar diligencias ni recibir declaración alguna al denunciado aforado García Egea, «ni siquiera mediante la fórmula de citación para una comparecencia voluntaria».

Se trata de un hecho «políticamente justificable», porque el Estatuto de Autonomía de Murcia «proclama que los diputados no están sujetos a mandato imperativo alguno», concluye el escrito.

Desde la formación morada, no obstante, el diputado nacional Javier Sánchez Serna aseguró que acatan el archivo de la denuncia por cohecho que su formación interpuso, pero matizó que no pueden compartirla «en modo alguno», porque es un hecho «preocupante para la salud democrática».