El Congreso aprueba la ley que otorga derechos propios al Mar Menor

La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la ley que reconoce la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor y de su cuenca, que proviene de una iniciativa legislativa popular (ILP) para proteger este ecosistema.

Los grupos parlamentarios han dado luz verde al texto, que en abril pasó de ser una ILP con más de 600.000 firmas por parte de la ciudadanía a una proposición de ley, y que una vez finalizada su tramitación legislativa convertirá a esta laguna en el primer ecosistema europeo con derechos propios.

“Nuestro país se coloca a la vanguardia en la protección del medioambiente”, ha recalcado el socialista Juan Luis Soto, quien ha incidido en que la ley “dota de derechos de forma novedosa a la laguna salada más grande de Europa, algo inédito en España y en la Unión Europea”.

“Es un día histórico para la política ambiental en nuestro país”, ha coincidido en destacar el presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, diputado de Unidas Podemos y portavoz del partido Alianza Verde, Juantxo López de Uralde.

López de Uralde ha lamentado los recientes y “sucesivos episodios de mortandad masiva” que se han dado en el enclave murciano, tras verse afectado por la eutrofización propiciada por la intrusión de nutrientes -procedentes de la agricultura- que han favorecido la proliferación de algas en la laguna y el consecuente agotamiento del oxígeno (anoxia).

“La tragedia del Mar Menor no ha sido casualidad ni un hecho producido por la naturaleza, sino el resultado de décadas de sobreexplotación por la acción del ser humano y la falta de cumplimiento de las normativas de protección”, ha sentenciado Inés Sabanés, de Más País-Verdes Equo.

Entre otras amenazas, la diputada ha señalado las presiones de “la minería a cielo abierto, la especulación urbanística y la transformación a un cultivo intensivo de regadío”, que han llevado a la laguna al “colapso ambiental”, ha apuntado, algo que ahora la “ciudadanía organizada” busca revertir.

“Ese reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos va a significar la protección de los derechos, la posibilidad de reclamarlos y desplegar herramientas interesantes para la gobernanza de este espacio protegido”, ha resumido Sabanés.

El diputado murciano Javier Sánchez, de Unidas Podemos, también ha celebrado que los ciudadanos se hayan “revelado contra el Gobierno de la región de Murcia”, contra los “asesinos” de la laguna, que en diversas ocasiones ha sufrido el “ecocidio” del que culpa a la Comunidad Autónoma.

La norma, que aún debe pasar por el Senado para su aprobación definitiva, ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos excepto Vox, que ha votado en contra y ha tachado la medida de “chiringuito” y de “golpe de Estado”.

“Lo vamos a derogar y vamos a impugnar en los tribunales este ataque a la Constitución vestido de protección ecológica”, ha aseverado el diputado de Vox Luis Gestoso.

El popular Juan Luis Pedreño, por su parte, ha manifestado que se trata de “un asunto de Estado” y ha valorado que “todo lo que sume para mejorar el Mar Menor bienvenido sea”, si bien ha expresado algunas dudas respecto a la aplicación de la ley.

Pedreño ha argumentado que el texto redactado por la sociedad civil “es un reto en sí por la excepcionalidad”, para añadir: “ya veremos cómo puede aplicarse”.

Desde Ciudadanos, María Carmen Martínez Granados ha defendido las enmiendas que este partido ha mantenido vivas hasta el final -aunque han sido rechazadas por la Comisión- y ha agradecido a las personas que han respaldado la ILP con su firma y a la Plataforma de Protección del Mar Menor, que “han sido una voz unida para defender estos derechos”.