El pufo inmobiliario de La Manga, el entramado con el que se estafaron 17 millones a ciudadanos británicos

El juicio contra los seis acusados de estafar 17,3 millones de euros a ciudadanos británicos en operaciones inmobiliarias en La Manga del Mar Menor en 2005 y 2006 arrancará este lunes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, ubicada en Cartagena.

Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar entre septiembre de 2005 y noviembre de 2006, cuando dos directivas de una sucursal bancaria de La Manga concedieron 327 préstamos hipotecarios y otros 78 personales a "múltiples" individuos de Reino Unido para financiar la adquisición de inmuebles en esta zona costera.

Paralelamente, uno de los acusados, propietario de una sociedad mercantil, se encargó de aportar las viviendas objeto de compraventa, la mayoría procedentes de promotoras inmobiliarias, y otros dos, a su vez, proporcionaron la mayor parte de los compradores, todos residentes en la localidad de Plymouth, al suroeste de Inglaterra.

Finalmente, otro de los encausados, administrador de una mercantil, actuó en su condición de abogado como mandatario de los compradores en la suscripción de las operaciones de financiación y como apoderado de los prestatarios en las cuentas corrientes abiertas para articular los créditos.

La Fiscalía pide para cada procesado una pena de cárcel de 5 años y el pago de una multa de 12 euros al día durante 10 meses, así como el reintegro de la totalidad del dinero presuntamente estafado, más los intereses legales en todos los casos.

Para realizar estas operaciones, las empleadas de la sucursal recurrieron al producto financiero denominado 'Hipoteca asegurada', que solo podía utilizarse, previa acreditación de recursos económicos solventes por parte de los destinatarios, para financiar la adquisición de viviendas habituales.

Sin embargo, según reconoce el escrito del Ministerio Público, "ni los destinatarios cumplían con las exigencias de solvencia, ni se exigieron garantías adicionales", ya que la capacidad económica de los compradores no fue sometida a ningún estudio. Además, ninguno fijó posteriormente su residencia habitual en España.

Según añaden las conclusiones provisionales, esta circunstancia permitió la concesión de préstamos hipotecarios "muy por encima" del valor real que se abonó por las viviendas. En concreto, el importe de los 327 préstamos hipotecarios concedidos ascendió a 67,7 millones de euros, mientras que el real que se pagó por las viviendas fue de 46,2 millones.

De esta manera, "el importe total de los préstamos hipotecarios concedidos supuso un 157,26% del importe escriturado", precisa el documento de la Fiscalía, que apunta que esta situación generó un excedente -diferencia entre la cantidad financiada y el precio escriturado, más gastos- de 17,3 millones de euros.

Ese dinero "no fue utilizado en las operaciones de compraventa ni entregado a los prestatarios", sino que fue dispuesto por los acusados "en beneficio propio o de las sociedades a ellas vinculadas", con ánimo de "enriquecerse ilícitamente".

Además, las querelladas suscribieron 99 préstamos personales por valor de 2,1 millones de euros para, supuestamente, la reforma de las viviendas adquiridas. Sin embargo, la Fiscalía considera que "en ningún caso" el importe se destinó a tal objetivo, y, además, la concesión se hizo "sin estudio de solvencia" e incluso "muchas veces sin previa solicitud de los prestatarios".

En este caso, el objetivo era "proceder al pago de algunas cuotas vencidas de los préstamos hipotecarios a fin de intentar retrasar su impago masivo y con la finalidad de articular el pago ilícito de cuantiosas comisiones al resto de los acusados".

Así, parte de los fondos de estos préstamos fueron destinados a complementar las compras de las viviendas o al pago de cuotas vencidas de otros préstamos o créditos, mientras que otra parte "fue desviada a las cuentas de los acusados, incorporándolo a su patrimonio o al de sus sociedades".

De hecho, los acusados y las mercantiles implicadas presentaron en 2005, 2006 y 2007 "importantes incrementos no justificados de su patrimonio", agrega el escrito de calificación fiscal.

La entidad bancaria, que reclama la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponderle, canceló la práctica totalidad de las operaciones, condonando a los prestatarios el principal y los intereses, tanto de los préstamos personales como de los créditos hipotecarios, recibiendo las viviendas como dación en pago.