Los expertos piden reorganizar la Ley del Mar Menor e incluir un régimen económico y sancionador unificado

Unir voluntades entre administraciones en torno a un objetivo compartido: recuperar y proteger el Mar Menor. Esa fue una de las principales conclusiones del director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos para una posible reforma de la Ley de la laguna salada en la Asamblea.

Cabezas consideró que, tal y como reconoce la ley, fue elaborada «de urgencia», por lo que el momento actual permite abordar una reforma en la que se pueda dar un tratamiento más concreto y preciso que formalice la ley.

De esta forma, ahondó en algunos de los asuntos más urgentes en llevar a cabo, como la «interconexión de actuaciones», que permita «territorializar» las actuaciones en el conjunto regional. «No tiene sentido que en una zona se dé un tratamiento y en otra, otro distinto. Es una buena oportunidad para unificar los tratamientos de manera eficaz», dijo poniendo de relieve la afección que sufren otras zonas ambientales de la Región como el Guadalentín.

También puso el foco en la «ausencia» de un régimen económico financiero, que se unifique con el sancionador. «Parece razonable que todo el mundo implicado tenga algún tipo de contribución económica, en mayor o menor intensidad. Saber qué inversiones o actuaciones van a abordar los poderes públicos».

Cabezas, además, enfatizó que todos los informes reconocen como problema fundamental la «necesidad urgente» de reducir la carga contaminante de agua que llega a la laguna. «Se repite siempre el mismo argumento como prioritario, pero no hay una actuación en consecuencia con eso, y los contaminantes entran por varios sitios». En ese sentido, se preguntó por qué si hay acuerdo en el diagnóstico y en las alternativas no se han abordado estos aspectos anteriormente.

Otro de los asuntos relacionados con la mejora del Mar Menor lo relacionó con el trasvase Tajo-Segura, cuyas aguas subterráneas también son transportadoras de sedimentos. Por ello, y en un momento clave como el actual con la previsión deun recorte de envíos de agua y la posibilidad de modernizar regadíos, Cabezas apuntó a la posibilidad de «movilizar el agua del subsuelo y extraerla en superficie para la agricultura».

A su juicio, hay «algo que se escapa» cuando hay una escasez de recursos y, al mismo tiempo, la posiblidad de sustraer agua. «Se necesita la implicación de todas las administraciones, y lo razonable sería que todas intervinieran en la misma dirección», aseveró.

Previamente a Cabezas intervino el ingeniero agrónomo Pedro Fernández Molina, quien explicó que «la actual Ley no aborda el principal factor de degradación de la laguna, como son las aguas residuales».

A su juicio, resulta clave para la protección y la recuperación del Mar Menor que la posible modificación de la Ley incluya artículos que mejoren las actividades de depuración, saneamiento y centros de impulsión».

Por ese motivo, también incidió en la elevada exigencia técnica de los capítulos V y VI de la actual Ley y detalló los artículos que considera susceptibles de ser modificados por ser «imprecisos, sin rigor y sin ventajas a la mejoría del Mar Menor». Para Fernández Molina «existen más elementos de consenso entre las distintas fuerzas políticas, científicos y técnicos de lo que parece» y considera «imprescindible que todos trabajemos desde la voluntad de servicio e interés general, por una única prioridad: la protección del Mar Menor».