Los promotores murcianos piden "agilidad" para acelerar procedimientos urbanísticos y así construir más vivienda

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM), José Ramón Blázquez, ha defendido este martes en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional que la "prioridad" es acelerar los procedimientos urbanísticos y "reducir duplicidades administrativas" para aumentar la oferta de vivienda.

Durante la audiencia legislativa del Proyecto de Ley de simplificación administrativa, Blázquez ha situado el acceso a la vivienda como "el mayor problema social ahora mismo" y ha respaldado la norma por "acortar tiempos, abaratar costes y dar seguridad jurídica".

El representante de los promotores ha advertido de que la demanda "supera de forma sostenida a la oferta" y ha apuntado que "las medidas en urbanismo tardan en dar resultados, por eso urge adoptarlas cuanto antes".

En su intervención, ha citado como cuellos de botella la "repetición de documentación ante distintas administraciones", la "acumulación de informes sectoriales" y "tramitaciones que se dilatan durante meses o años". A modo de ejemplo, ha señalado que "un plan parcial puede irse a más de un año y medio desde el avance", y ha pedido "coordinar procedimientos, abreviar plazos y evitar pasos innecesarios" para licencias y planeamiento.

Blázquez ha enmarcado el debate en un problema "de alcance nacional" y ha defendido que "estimular la oferta" debe ir acompañado de "mantenimiento de las garantías ambientales y urbanísticas", subrayando que la simplificación "no elimina controles, los ordena y evita solapamientos".

También ha pedido "mejorar la disponibilidad de suelo finalista" y "estabilidad regulatoria" para que los proyectos arranquen "en tiempos previsibles".

Respuesta parlamentaria

En el turno de los grupos, el diputado del PSOE, Alfonso Martínez, ha asegurado que su grupo comparte el objetivo de agilizar, pero ha reclamado "medios humanos y materiales suficientes en la Administración" para que la simplificación "no traslade el problema a los funcionarios ni recorte garantías". Ha defendido "el interés general, el medio ambiente y el patrimonio" y ha preguntado si la ley "ayudará efectivamente a aliviar el acceso a la vivienda", proponiendo, entre otras medidas, "regular el uso turístico, actuar sobre grandes tenedores y promover vivienda protegida y tasada".

Por Vox, Virginia Martínez ha respaldado la desregulación "como esencial" para reducir "costes y tiempos" y ha pedido que la ley "se implemente de verdad", con "seguimiento y evaluación periódica", recordando que "la aplicación de anteriores normas fue insuficiente". Ha reclamado "coordinar y, en su caso, eliminar informes sectoriales redundantes" y "agilizar licencias" para equiparar a la Región con territorios más rápidos en tramitación.

Desde el Grupo Mixto, María Marín (Podemos) ha criticado el proyecto por considerarlo "una ley hecha al dictado de la patronal". Ha advertido del riesgo de "externalizar controles a entidades colaboradoras urbanísticas" y de "favorecer cambios de uso orientados al turismo" frente a la vivienda residencial, alertando de impactos sobre "el territorio y el medio ambiente".

La diputada del PP, María Casajús, ha defendido que la cuarta ley de simplificación "no nace de la ineficacia, sino de la experiencia acumulada" y busca "agilidad, seguridad y reducción de burocracia" en un contexto de "falta de suelo, trámites lentos e incertidumbre jurídica". Ha subrayado que "las evaluaciones ambientales y los informes preceptivos se mantienen", con procedimientos abreviados "para supuestos tasados", y que "los ayuntamientos siguen siendo la autoridad en el planeamiento".