La Región de Murcia rechaza la imposición del Gobierno de España en el reparto de menores migrantes

El Gobierno regional ha mostrado, una vez más, su rechazo a la imposición del Ejecutivo central en el reparto de menores migrantes, por tratarse "de un atentado contra los derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes que llegan a la Región, esperando ser atendidos en unas condiciones dignas y adecuadas dada su especial vulnerabilidad".

Así lo ha expuesto este viernes la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante su participación en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde ha reclamado que el Gobierno central no contemple en su hoja de ruta financiar a aquellas comunidades que hayan acogido a menores inmigrantes, entre ellas la Región de Murcia.

Tan solo Canarias, Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla resultarán beneficiarias del crédito estatal de 22 millones de euros por la atención a niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Ruiz ha trasladado su malestar porque el Ministerio de Juventud e Infancia "siga sin reconocer a la Región de Murcia como zona especialmente afectada por la crisis migratoria, con dos puertas de entrada muy evidentes: la costa murciana y el campamento del Hospital Naval de Cartagena, al que también llegan menores de edad".

"Es incomprensible que el Ministerio no reconozca a los 300 menores extranjeros que llegaron el pasado año a la Región de Murcia procedentes de Canarias a través del campamento que ha instalado el propio Gobierno central en Cartagena", ha dicho Ruiz, al tiempo que ha exigido la financiación correspondiente por "la atención, protección y tutelaje de estos menores".

Para la consejera, "una acogida sin recursos, ni financiación, pone en riesgo los derechos de los menores". Un acto que ha calificado de "inhumano" por parte del Ejecutivo central y que "desde el Gobierno de la Región de Murcia seguiremos denunciando hasta la saciedad, ya que nos encontramos con un sistema de protección tensionado por encima del 200 por ciento de su capacidad y una sobrecarga económica inviable".

La titular de Política Social ha recordado que, hasta la fecha, "la Comunidad no ha recibido ni un solo euro de los más de 17 millones que el Ejecutivo central nos adeuda por la acogida de más de 500 menores migrantes durante el año pasado, unos 300 procedentes de Canarias, que ya hemos reclamado por vía judicial".

Durante la reunión mantenida por vía telemática, la Comunidad ha vuelto solicitar información sobre los criterios que se han utilizado para establecer la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes ya que, tal y como manifestó la consejera, "se ha hecho de forma arbitraria y atendiendo a parámetros diferentes según el interés del Ejecutivo central.

También ha manifestado su rechazo al proyecto de real decreto presentado porque "invade y usurpa las competencias de las comunidades autónomas, al transferir a la Delegación del Gobierno la reubicación y el traslado de los menores".

Un protocolo diseñado "sin coordinación con las comunidades afectadas, que contempla un plazo de 48 horas para que dichas comunidades sean informadas de la fecha, hora y lugar para hacer efectivo dicho reparto", critica.

La reacción de la ministra

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, prevé que los traslados de menores migrantes no acompañados comiencen en el mes de agosto, aunque teniendo en cuenta la propia cadencia del procedimiento administrativo; y ha denunciado un "bloqueo" por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular.

"Estamos en condiciones de tener todo listo para los consejos de ministros que hay antes del verano de tal manera que el procedimiento pueda iniciarse, la previsión sería en el mes de agosto previsiblemente, pero entendiendo también la complejidad que tiene, la propia cadencia de los mecanismos del procedimiento administrativo", ha indicado la ministra.