La Región de Murcia ya tiene en vigor su nueva Ley de Simplificación Administrativa, la cuarta de la Comunidad

La Región de Murcia ya cuenta con una nueva Ley de Simplificación Administrativa plenamente en vigor. Tras su convalidación por parte de la Asamblea Regional este mes de julio, el texto inicia ahora su recorrido parlamentario para la posible incorporación de enmiendas.

La norma, sin embargo, ya está desplegando sus efectos y marca un hito en el camino hacia una Administración más eficiente, accesible y orientada al crecimiento económico.

Se trata de un texto refundido que unifica más de una década de iniciativas en materia de simplificación normativa y modernización administrativa, y que, como novedad, introduce un paquete de medidas que establecen un nuevo modelo de gestión pública basado en la agilidad, la digitalización y la transparencia.

"Esta ley es una respuesta directa a lo que las empresas nos reclaman: continuar avanzando en la reducción de cargas burocráticas que lastran el crecimiento. Es una apuesta por la economía real, por la inversión y por el empleo", subraya la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

Novedades con impacto directo

Entre las novedades más relevantes destacan la generalización del silencio administrativo positivo, la ampliación del uso de declaraciones responsables y la posibilidad de que técnicos acreditados certifiquen el cumplimiento de requisitos, facilitando la labor de la Administración.

También se implementa una nueva licencia básica urbanística, que acelerará la construcción de viviendas con garantías legales y medioambientales.

Además, se impulsa la Carpeta Empresarial como ventanilla única digital, lo que permitirá a ciudadanos y empresas dejar de presentar más de un millón de documentos, con un ahorro estimado de seis millones de euros.

López Aragón defiende que "el objetivo es que ciudadanos, autónomos y empresarios puedan dedicar menos tiempo a la burocracia y más a crear riqueza y empleo en la Región de Murcia". Para ello, "lo que se ha puesto en marcha no es una ley teórica, sino una norma con impacto real, basada en la experiencia y en la escucha activa a quienes generan actividad económica".

La consejera ha destacado que el nuevo marco legal ya está teniendo efectos prácticos: "Gracias a la aplicación de medidas previas hoy integradas en esta ley, hemos conseguido reducir en más de un 50 por ciento los plazos en proyectos estratégicos como ampliaciones industriales, plantas de energía renovable o residencias de mayores. Hemos facilitado inversiones por cientos de millones de euros y acortado trámites que antes se demoraban más de un año".

Seguridad jurídica y garantías reforzadas

La consejera quiere dejar claro que "simplificar no significa desproteger". "Los estándares de calidad, de seguridad, de respeto al medio ambiente y de protección de los derechos ciudadanos se mantienen, y en muchos casos se refuerzan gracias a la trazabilidad digital y a un modelo más transparente de gestión", asegura.

Además, la ley establece un régimen sancionador contundente, con multas que pueden alcanzar los 600.000 euros en caso de infracciones graves cometidas por entidades colaboradoras de certificación o por uso indebido de declaraciones responsables. Con la convalidación parlamentaria, la ley iniciará a la vuelta del verano un periodo para la presentación y valoración de enmiendas que puedan mejorar aún más su alcance y eficacia.

"Es una norma viva, que seguirá perfeccionándose, pero que ya ha dado un paso decisivo en favor de una Región más competitiva, más atractiva para la inversión y más cercana a sus ciudadanos", concluye López Aragón.