Soluciones al problema

Una solución para impedir que las plazas vacantes de jueces en Cataluña sean asignadas a licenciados en Derecho independentistas es que sean ocupadas por miembros de la Abogacía del Estado o/y del Cuerpo Jurídico Militar. La idea me la proporciona un lector de mi columna denunciando este grave problema, de especial transcendencia para la sociedad.

Más aún, cita el ejemplo del Gobierno de Zapatero, cuando, en diciembre de 2010, recurrió a efectivos del Ejército del Aire para que tomaran el mando de los centros y las torres de control de tráfico aéreo con motivo de la huelga de controladores. Recuerdo también cómo en agosto de 1981, en un país tan democrático como Estados Unidos, Ronald Reagan, hastiado por una huelga de controladores, envió once mil cartas de despido y empleó personal militar en las salas de control.

Para ratificar la extraordinaria importancia del dilema de la Justicia en Cataluña, recibo dos proposiciones más: que la cobertura de esas plazas sean obligatorias para los jueces, como ocurre con notarios y registradores, así como que existan compensaciones de antigüedad, ascensos... para quienes vayan allí. Estamos hablando de una de las patas del trípode en que se sustenta el Estado de Derecho.

Un escenario además provocado por el separatismo y el odio, que como escribe Leonardo Padura en su «El hombre que amaba a los perros», obra que me tiene enganchado, el odio «es una enfermedad imparable» y una de las más difíciles de curar. Así es la vida.