Distinto rasero para el PP

El Partido Popular en los últimos ocho años se ha visto obligado a provocar la dimisión de cualquier cargo público imputado en una causa judicial en curso. Tal ha sido el acoso durante ese tiempo, que para estas elecciones no ha incluido en sus candidaturas a nadie «investigado» por los tribunales. Al menos en la Comunidad Valenciana. Sus listas están libres de toda sospecha delictiva.

Ni la sociedad, ni los medios de comunicación, ni tampoco los políticos miden con el mismo rasero al PSPV, a Podemos o a Compromís. Unos cuantos ejemplos socialistas, que no son los únicos: los candidatos a la Alcaldías de la Alqueria de la Condesa, Salvador Femenía, y de Rocafort, Víctor Jiménez, imputados en el «caso Alquería»; el número tres para el Ayuntamiento de Lliría, Pedro Vicente, con juicio oral acusado de los deitos de prevaricación en concurso medial con el de detención illegal en grado de tentativa.

No se libra Compromís, formación que tiene un aspirante a la reelección en la Coporación de Valencia, Pere Fuset, imputado por variedad de delitos como el de fraccionamiento de contratos; o el integrante de la lista de Picanya, Xavier Rius, investigado por su gestión cuando era diputado provincial. Hasta la líder de la relación de Podemos al Ayuntamiento de Valencia, María Oliver, tiene la misma calificación, investigada, en una caso judicial.

Se da la paradoja, incluso, que el alcalde de Onteniente, el socialista Jorge Rodríguez, obligado a casuar baja en su partido por su imputación, ha montado otro con el que se presenta a la reelección y con el que Ximo Puig parece estar dispuesto a pactar para lograr «cuantos más Ayuntamientos progresistas sea posible». Hay bastantes más. Así es la vida.