Información y poder

«En la selva, no vence el más fuerte, sino el mejor informado», dice una conocida máxima.

Alguien podrá objetarme que no vivimos en la selva. Cuestión de opiniones. Sí coincidirán conmigo, que información es poder.

En muchos sentidos, es lógica la necesidad que sienten los responsables políticos de estar informados. Deben responder a contingencias, gestionar el día a día, prever el mañana, tomar decisiones. No siempre se utiliza bien esta información. Unas por sobresaturación –«estar sobreinformado es estar mal informado», escribió Umberto Eco–; otras, por anteponer intereses partidistas o personales al interés general; por último, llegan informaciones – «fakes»– maliciosamente envenenadas. Resumo: la información contrastada y objetiva, honestamente tratada, es básica para la toma de buenas decisiones.

Pero no siempre sigue estos caminos. Tenemos ejemplos en nuestra historia reciente. Es bien conocida la puja entre la Vicepresidenta del Gobierno de Rajoy y su Ministra de Defensa por el control del CNI, y pagamos sus consecuencias. Un conocido político que ocupó cargos de alta responsabilidad reconoció en sus memorias que grababa conversaciones hasta en los lavabos; lógicamente transcribió despachos con el Rey o con otros confiados responsables políticos que desconocían sus obsesiones. (Escaparon de ellas cierto empresario del ladrillo o comisionistas de la venta de fragatas a Venezuela). Y en los aledaños del poder, la información ha sido utilizada a veces de forma ruin, por servidores públicos. Cuando Villarejo utiliza el término «información vaginal» no hace más que ratificar una sucia pero eficaz técnica utilizada desde hace siglos.

En resumen, el poder, tanto de babor como de estribor, honesto o deshonesto, necesita información. Asumido.

De lo que debemos protegernos es de que esta información no invada áreas que constitucionalmente nos protegen, con la excusa de que se nos quiere proteger, como actualmente con el COVID-19.

Este constatado modelo estatal es común en las sociedades comunistas, donde el individuo es solo una simple pieza del aparato. Y esta pieza debe integrarse en el estado sin restricciones; sin detenerse especialmente en los conceptos de libertad, intimidad y honor que pueden corresponderle. Lo interpretaron perfectamente Heidrich (SD) y Himmler (GESTAPO) en la Alemania de Hitler. En las repúblicas populares del pasado y del presente, la información lo es todo. Y vigilar y neutralizar a quien discrepa de este todo, función primordial del poder.

He vivido un residual régimen comunista en Nicaragua e indirectamente el más consolidado de Cuba. A La Habana, «el Cádiz con el mismo salero y más negritos» de Carlos Cano, me llevaron a frecuentes conversaciones sobre el proceso de Paz de Colombia. Reconociendo el magnífico trabajo y organización de la diplomacia cubana, no podían evitar espiarnos. Eran lógicas las medidas restrictivas sobre grabaciones, confidencialidad y fotografías. No había más posibilidad para llamar al exterior que utilizar los servicios del estatal Hotel Palco integrado en las dependencias donde se celebraban las conversaciones. Para conseguir línea, un sistema aparentemente primitivo obligaba al previo depósito de 5 dólares en recepción. Como ya les iba conociendo, zalameros como nadie, iguales a nosotros en muchas cosas, tras depositar los dólares, seguí un día al recepcionista mientras avisaba en la trastienda: «el español va a llamar otra vez». Dos aburridos funcionarios se ponían los cascos para grabar. Una sonrisa fue su respuesta: ¿qué esperabas hermano?

Nuestro actual Vicepresidente Segundo ha bebido en estas funestas fuentes. Su obsesión por llegar a saber lo que cada uno de nosotros piensa o hace, la conocemos; husmear en el CNI una obsesión. Y lo ha logrado colándose en la Comisión Delegada vía Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de Marzo de Medidas Urgentes tras la declaración del Estado de Alarma a consecuencia de la pandemia. Decreto estructurado en 5 capítulos, 43 artículos, 10 Disposiciones Adicionales, 3 Transitorias y 10 Finales, incluye –extraña al texto– una Segunda Final que lo integra. Es cierto que la Ley 11/2002 (Aznar) del 6 de Mayo Reguladora del CNI prevé en su artículo 6º que «se podrán integrar en la Comisión Delegada, los vicepresidentes designados por el Presidente». Pero no concurre, como recalcaba Daniel Berzosa recientemente en El Independiente, «el presupuesto habilitante de la urgencia, que exige la Constitución para un Real Decreto Ley».

No es de extrañar que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite las denuncias de VOX y PP.

Queda un paso fundamental de difícil gestión: la Alianza Atlántica. Por supuesto formar parte de ella nos da ventajas informativas, pero nos impone lógicas condiciones. Cualquier persona, empresa o entidad que tenga relaciones con nuestro CNI debe cumplimentar unos exhaustivos formularios de confianza especialmente referidos a «relaciones pasadas y presentes con gobiernos y servicios de inteligencia de países fuera de la OTAN».

La conocida flexibilidad de la OTAN, el propio CNI, se enfrentan a un grave reto.