Salvoconducto covid

¿Qué se hace cuándo cambian las circunstancias? Esta era una de las preguntas que le repetían a John Maynard Keynes en el periodo de entreguerras y la Gran Depresión. El economista británico, cuestionado en su tiempo por los cambios de opinión sobre la política a seguir, aseguraba que «cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace?». Y con esta interpelación tan directa ponía sobre la mesa del debate público la necesidad de adaptar las normas a las circunstancias, alejándose de dogmatismos ideológicos o de anclajes que frenaran la evolución de las sociedades. Normalmente, la historia lleva velocidad de crucero, pero, a veces, se acelera y las leyes deben hacerlo con ella. Desde que empezamos a oír hablar de un virus en una lejana ciudad de China hasta el día de hoy hemos tenido que adaptar nuestra vida a una nueva realidad. Si el recurso excesivo al estado de alarma en España demuestra algo es, desde luego, la falta de flexibilidad y de reflejos del legislador español para adaptar el ordenamiento jurídico a las características de una pandemia. Muchos factores han influido en esa falta de elasticidad legisladora: desde la ausencia de una mayoría estable en el Congreso hasta el excesivo recurso al decreto por parte del Gobierno que reduce la fase de debate en la Cámara Baja. De manera que la mayor parte de las sesiones de la Carrera de San Jerónimo en el último año se han limitado a rifirrafes más teatrales que no dan respuesta a las cuestiones de fondo que afectan a los ciudadanos.

Límite a los derechos

Sin duda, el virus ha supuesto el elemento de mayor distorsión para nuestro estado de derecho en las últimas cuatro décadas de nuestra historia. Además de ser un intenso test de estrés al sistema sanitario, social y económico, la crisis del coronavirus se ha convertido en un examen al respeto a los derechos fundamentales que, en un sistema como el español, estaban fuera de toda duda y cuestión. La excepcionalidad de lo ocurrido llevó a decretar los primeros confinamientos domiciliarios, como uno de los límites más tempranos a las libertades individuales, y en esa senda hemos continuado: en la frágil línea que separa derechos que chocan, o se rozan. Aunque Keynes era economista, pertenecía al grupo de Bloomsbury y sabía de la importancia de recurrir a la creatividad en cualquier aspecto de la vida, y también, claro, a la hora de legislar. El Congreso, que esta semana ha vuelto a recibir a Pedro Sánchez para dar cuenta sobre el estado de alarma, apenas ha dedicado un pequeño espacio de sus sesiones a la pandemia ni a los detalles de las normas que lo rigen. En una situación en la se limitaban derechos fundamentales han sido los tribunales los que han tenido que dirimir las cuestiones decisivas. Es decir, el poder legislativo se ha diluido: frente al ejecutivo que ha regulado y el judicial que ha resuelto definitivamente.

Este ha sido el guion de las no pocas limitaciones del último año: la libertad de movimiento (confinamientos y cierres perimetrales), los toques de queda, el control al derecho de reunión o las entradas en viviendas sin orden judicial ante la celebración de fiestas no permitidas. Inimaginable tiempo atrás para quienes habitamos la Unión Europea, uno de los espacios de mayor libertad del mundo. Y, sin que ninguna norma nacional haya dado respuesta a esta particular situación que se prolonga en el tiempo, nos enfrentamos ya a nuevos retos para el Estado de Derecho: las vacunas y el llamado pasaporte covid. Respecto a las primeras, serán de nuevo los tribunales, quienes se pronuncien sobre las dudas que puedan surgir en su choque con los derechos fundamentales. Ya está en marcha ante el Constitucional el recurso que el Gobierno ha presentado a la Ley de Galicia 8/2021, que modifica la Ley 8/2008, de salud autonómica, que recoge la obligatoriedad de la vacuna y que podría vulnerar la libertad individual.

Dilema orwelliano

A todas estas dudas que ya existían, se añade ahora la llegada de un permiso de viaje que permitiría moverse con libertad por Europa a quien hubiera pasado la covid o ya estuviera vacunado. Mientras se preparan los complejos detalles de esta regulación que pretende fomentar los movimientos y el turismo, en la Unión Europea son conscientes de las dificultades jurídicas a las que se enfrentan para impulsar la libre circulación (uno de sus pilares fundacionales) y de los riesgos de deslizarse hacia la vulneración de otros derechos o la desigualdad entre ciudadanos.

El certificado verde digital aspira a ser una medida para salvar la economía, el turismo y reactivar algo parecido al mundo antes de 2020, pero abre tantos interrogantes que nos envía, casi sin pasos intermedios, a escenarios distópicos. Junto a las dudas científicas aún no resueltas (¿una persona vacunada puede seguir contagiando? o ¿durante cuánto tiempo se mantiene la inmunidad después de haber recibido la vacuna o haber pasado el virus?), se encuentran las implicaciones que tendría para el derecho a la intimidad, que se vuelve más restrictivo en todo lo relativo a la capacidad de cada individuo para decidir sobre la exposición pública de sus enfermedades. Los 27 están dedicando enormes esfuerzos a clarificar los detalles de un pasaporte necesario para reactivar la vida, pero que vuelve a poner contra las cuerdas al Estado de Derecho. Una de las claves del éxito será recurrir a la creatividad para adaptar las leyes a las cambiantes necesidades sin olvidar el pleno respeto a los derechos fundamentales. Así evitaremos quedar atrapados en un relato orwelliano.