Un factor que alivia el déficit presupuestario

Nuestro desarrollo está perturbado fuertemente por el déficit del sector público, que alcanza una magnitud considerable y muy preocupante. Ante la necesidad de frenar el endeudamiento, ha surgido la idea de incrementar los impuestos, sobre todo, sobre quienes poseen mayor renta o mayor riqueza. Pero he aquí que Laffer nos ha mostrado que «subir impuestos a los ricos es un grave error económico y moral». Pero es necesario que retorne el equilibrio presupuestario y, para eso, en España, es preciso plantear el otro lado de esta diferencia entre gastos e ingresos. ¿Y el alivio no puede venir de una disminución en el gasto público?

Por eso, pasa a tener un papel que no puede olvidarse, el de plantear la reducción del gasto público. De ahí, el interés creciente que, con denominaciones variadas y planteamientos diversos, actualmente tiene el Tribunal de Cuentas. Éste pasa a tener una postura clave para que el gasto público no origine una excesiva cifra en nuestra deuda pública. Y eso lo logra, en medida notable, porque, aparte de cumplir las obligaciones derivadas de un férreo control de los presupuestos –tanto en España el nacional, como el de las Comunidades Autónomas, como el de los Municipios y como el de las Instituciones Públicas de cualquier tipo–, nos indica, además, por dónde se encuentran los caminos más adecuados. El que en esta institución, los Consejeros no puedan ser militantes de ningún partido político, confiere la seguridad de que sus mensajes buscarán, exclusivamente, la verdad científica, que en este caso de las reducciones del peso de la deuda pública, señalan lo que marca una recta política económica, basada por un lado en lo que dice la ciencia económica, y por otro, lo más adecuado para la actual coyuntura de España.

De ahí que considere valiosísimo el conjunto de mensajes que se encuentran en el último número de la publicación del Tribunal de Cuentas, denominada Revista Española de Control Externo, concretamente, el volumen XXII, número 65, marzo 2020, en el que se nos ofrece interesante ayuda para aceptar las tesis de Laffer.

En este número, José Manuel Suárez Robledano, que es Consejero Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal, es el autor del ensayo Algunas consideraciones sobre la financiación ilegal de los Partidos políticos, y tiene aportaciones muy importantes, como son las consecuencias de la perturbación de las «decisiones procedentes de Gobiernos y Organismos, Entidades o Empresas públicas… relacionadas directa o indirectamente con los mismos, siempre que superen la cifra de los 100.000 euros». Se muestra, inmediatamente, el «Procedimiento sancionador aplicable por el Tribunal de Cuentas…, tanto a la rendición anual de cuentas… como a la fiscalización de las elecciones». Expone el papel que asume de señalar posibles excesos de un partido político, para que puedan ser castigados. Enlaza con el importante trabajo de Jaime Terceiro, en Desigualdad y economía clientelar, en los Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2016., completado con una amplia bibliografía, como por ejemplo, el artículo de Belén Macías Espejo, titulado El delito de participación en estructuras u organizaciones con finalidad de financiación ilegal de partidos políticos .

Y Gemma Angélica Sánchez Lerma, Letrada en la Asesoría Jurídica en la Cámara de Cuentas de Navarra, inicia su estudio indicando que «asistimos a una progresiva concienciación de la necesidad de incorporar a las políticas de los Estados, los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS5 es el objetivo de carácter trasversal dirigido a lograr la igualdad de género». Mas, todo eso forma parte de la «especial importancia (que tiene) como implementación de la Agenda 2020… en los presupuestos de administraciones e instituciones públicas». A nivel macroeconómico, el sector público mueve importantes cantidades de fondos y recursos, y esto le convierte en uno de los actores mas importantes de la configuración social y económica del país.

Y, finalmente, tiene que subrayarse la aportación de Enrique I. Benítez Palma, exconsejero de la Cámara de Comercio de Andalucía, en la cual, partiendo de un libro de Virginia Eubanks, desarrolla cómo debe efectuarse el control externo del gasto público, con la ayuda de la automatización, lo que en estos momentos es extraordinario. En su bibliografía nos orienta acerca de qué modo la revolución digital también ayuda a impedir que se desmande el gasto público. Estoy seguro que este número de la Revista española de Control externo recibiría la bendición de Laffer.