De los polvos del consenso constitucional, estos lodos

Recientemente, Ignacio Camuñas, que fue ministro de relaciones con las Cortes (3.07.1977- 6.04.1979) en el primer Gobierno de UCD presidido por Adolfo Suárez, ha hecho una confesión que es digna de encomio pues ha dicho «nos equivocamos» y ha reconocido que durante el debate del texto constitucional «regalaron» a los nacionalistas vascos y catalanes «el instrumento ideal para consumar la traición que vienen labrando desde hace casi un siglo». Al tiempo que ha justificado su actuación de entonces diciendo: «quisimos creer que lo ocurrido durante la República no volvería a suceder. Pensamos que merecía la pena –en honor a la reconciliación que todos anhelábamos– dar un nuevo voto de confianza a los nacionalistas vascos y catalanes para que se integraran en el marco constitucional y formaran parte del nuevo Estado democrático que les ofrecía, por lo demás, una amplia y generosa autonomía». Le felicito por tan noble gesto pero le tengo que decir que discrepo cuando, a la hora de referirse a los autores de tal error, habla de «los constituyentes», con lo que mete en el mismo saco a todos los diputados y senadores que fueron elegidos el 15 de junio de 1977, cosa que creo no es justa, porque el Sr. Camuñas, que fue testigo de primera fila de ese momento histórico, sabe muy bien que no todos «los constituyentes» jugaron el mismo papel y que no todos se «equivocaron» ni estuvieron de acuerdo a la hora de realizar semejante «regalo» al nacionalismo.

En esas primeras elecciones generales de 1977, su partido, UCD, logró 165 escaños, con lo que se quedó a diez de la mayoría absoluta, que la podía haber perfeccionado con los 16 diputados que obtuvo Alianza Popular. Pero los desdeñaron y prefirieron partir de una posición de debilidad a la hora de llegar a acuerdos con socialistas y nacionalistas. Fue así como comenzó lo que entonces se denominó el «consenso», que supuso eliminar a la derecha y que consistió en que antes de las sesiones parlamentarias en las que se debatía el proyecto de Constitución, a puerta cerrada, centristas, socialistas y nacionalistas se ponían de acuerdo en algún restaurante, en eso que Manuel Fraga llamó «consejos gastronómicos», con lo que el hemiciclo quedó reducido a una simple cámara de resonancia en la que las enmiendas o no se debatían o solamente se veían aquellas que ellos habían «consensuado».

Y el texto constitucional así elaborado tenía su talón de Aquiles en el artículo segundo, en el que se introdujo el término «nacionalidades» como equiparable al de nación. Un artículo que fue completado con el Título Octavo, en el que se hizo la configuración territorial de España y su desarrollo autonómico. Este fue el «peaje» que los de UCD pagaron para que no les tildaran de franquistas porque, como reconoció su portavoz en el Senado durante el debate de la Carta Magna en la Cámara Alta (agosto de 1978), al introducir las «nacionalidades» cumplían compromisos anteriores a las elecciones del 15 de junio, pues era algo que ya estaba en el acuerdo tomado por la oposición en Munich en el año 1962. Y fue así como definieron a España como una nación de naciones, algo que no se había hecho en las constituciones precedentes, ni tan siquiera en la de la segunda República, en la que se produjo la eclosión del movimiento autonomista y en la que, en 1932, se aprobó el Estatuto de Cataluña en cuyo artículo primero se establecía que «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del estado español»; es decir se hablaba de «región» y no de «nacionalidad».

Y el Sr. Camuñas recordará que entre esos «constituyentes» de los que habla hubo varios diputados de mi partido –Alianza Popular– como Manuel Fraga, Federico Silva o Gonzalo Fernández de la Mora que, junto a varios senadores, como Torcuato Fernández-Miranda, Luis Díez Alegría o el almirante Gamboa, alzaron su voz, alta y clara, y alertaron de la deriva a la que nos iba a conducir esa barbaridad histórica. Pero su Gobierno y la UCD no les hicieron caso y utilizaron todo tipo de subterfugios y sofismas para hacer ver que «nacionalidad» no era correlativo de nación. Y no fue preciso que pasaran los 42 años que han transcurrido desde entonces para que se atisbara la deriva secesionista a la que esto nos iba a llevar pues, tan sólo dos meses después de la proclamación de la Constitución, en febrero de 1979, el entonces ministro Martín Villa ya se llevaba las manos a la cabeza en una entrevista por la conducta de los nacionalistas, y dos meses más tarde, en abril de 1979, en el momento de su salida del Gobierno confesó: «Hemos cometido errores. El principal, el de las Autonomías».

Efectivamente, los «errores» y las concesiones de los centristas de entonces son la causa de la actual situación y aunque el Sr. Camuñas reconoce ahora que «el carácter insaciable de los nacionalistas separatistas no tiene límites» hay que recordarle que en 1978 Julián María ya había dicho «que no hay que intentar contentar a los que no se van a contentar jamás». Por eso, porque los diputados de AP ya no están entre nosotros, por llevar más de 44 años militando ininterrumpidamente en el partido que ellos fundaran, me creo obligado a defender su memoria.

José Ignacio Palacios Zuasti fue senador por Navarra